El 19 de abril, el Consejo Deliberante de Florencio Varela aprobó por unanimidad una ordenanza que obligaba al intendente Julio César Pereyra, y a sus funcionarios, a presentar su declaración jurada y publicarla en la web comunal. A fines de septiembre eso aún no ocurrió.
Pese a que por una nota de Perfil.com el intendente prometió el 17 de julio presentar su patrimonio "en cuestión de días", la oposición varelense espera todavía conocer la riqueza del titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Los legisladores de la oposición varelense aseguraron a Perfil.com que Julio Pereyra "no quiere dar precisiones" de la casa que le adquirió a Aníbal Fernández -revelada por Perfil.com- cuyas reformas de lujo son investigadas en la Justicia Federal ante la sospecha de "estafas", "cohecho" y "asociación ilícita" como desvío de fondos de las arcas municipales.
Ahora, el intendente ultra K aprobó un formulario propio y distinto al de la AFIP, que se aplicará a raíz de la Ley 26.687 que sancionó el Congreso, una de las pocas que sobrevivió a la fallida reforma judicial. En el decreto, el municipio asegura basarse en esa normativa, pero hay diferencias.
El Decreto Municipal 2983/13 que firmó Julio Pereyra especifica que "estará exenta" de publicidad la "valuación" de los bienes inmuebles (propiedades), así como los muebles (autos) y las acciones, datos que sí incluye el formulario de la AFIP por la que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional deberán declarar su patrimonio a la Oficina Anticorrupción (OA) antes de las elecciones legislativas. Eso sí, sólo informarán el importe total de bienes y no el detalle de cada uno, como lo hacían hasta ahora.
Las críticas. Desde el bloque de concejales de Nuevo Encuentro -los impulsores en abril de la Ordenanza de DDJJ- expresaron "indignación y temor ante semejante atropello". Los ediles que responden a Martín Sabbatella en Florencio Varela denunciaron que se trata de "un decreto hecho a medida para garantizar la impunidad y con la deliberada intención de ocultar a la ciudadanía los patrimonios de los funcionarios".
Desde Nuevo Encuentro también advirtieron que mientras "la ordenanza establece claramente que son públicas y que cualquier persona podrá tener acceso consultando fácilmente sin restricción alguna por Internet, el decreto restringe este derecho ya que sólo se puede acceder mediante nota escrita donde le piden más datos al solicitante y además se debe pagar "derechos de oficina" con lo cual se restringe el derecho establecido".
La versión municipal. El secretario de Planificación y Control Económica del municipio, Osvaldo González, aseguró que “Julio Pereyra impulsó la medida, de acuerdo a la iniciativa de nuestra Presidenta de la Nación". "Será el propio intendente el primero en presentar su declaración jurada”, prometió. Para el funcionario, la denuncia opositora responde a "intereses electorales".
"No se restringe la información, sino que por seguridad hay datos reservados. Está a disposición de todos, pero no de manera directa, porque alguien los pueda usar de mala fe. Si uno lo solicita, estarán los datos de los bienes", insistieron los voceros municipales a Perfil.com.
A su vez, desde la intendencia de Pereyra aclararon "todos los interesados pueden acceder a la información, sin la necesidad de abonar sellados" y que "todos los funcionarios (...) tienen la obligación de brindar información detallada de todos y cada uno de sus bienes, como el de su núcleo familiar primario, ya sea cónyuge o hijos menores", aunque estos últimos datos están "exentos de publicación" o pertenecen al "anexo reservado", de acuerdo al artículo 12º del cuestionado decreto de Pereyra.
(*) De la redacción de Perfil.com
