Tras el acuartelamiento de algunos efectivos policiales en San Luis, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saa declaró en emergencia al sistema de seguridad de la provincial y anunció modificaciones en la policía y el envío de proyectos para reformar los códigos de Procedimiento Penal y de Contravenciones.
"Lo que pasó, pasó", afirmó el gobernador en referencia al levantamiento, pero sostuvo que de ahora en más el que no responda a sus mandos naturales "se va". Además, agregó en forma de advertencia: "A aquel que bajo cualquier forma o subterfugio realice acciones directas o indirectas o corporativas para defender intereses personales y no los intereses de la comunidad, se lo va a separar del cargo y va a perder sus derechos jubilatorios y su estado policial".
Entre las iniciativas se destaca la creación de fiscalías en los nueve departamentos provinciales y la figura de fiscales barriales con jurisdicción en cada comisaría de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, para realizar la instrucción de las causas, que es potestad de los jueces. Además, Rodríguez Saá anunció anoche la creación de divisiones caminera, ecológica, juvenil, turística y asuntos internos en la policía de la provincia.
Investigación hacia adentro. Rodríguez Saá sostuvo que formarán la división Asuntos Internos, para "velar por las conductas y el prestigio de cada uno de los policías" y tendrá a su cargo hacer saber "qué parte de la policía nos está fallando" a fin de establecer "en qué lugares hay negligencias o zonas liberadas".
La principal reforma que propuso para el Código Procesal es la creación de "los fiscales departamentales y fiscales barriales", que según anunció "nos van a dar una plena garantía a los derechos humanos, una plena dureza frente al delito".
El gobernador dijo que el proyecto, que será enviado a la Legislatura, tiene un artículo referido a la fianza para los detenidos, que se establecerá de acuerdo al daño causado por el delincuente en su accionar, al costo que le provoca a la justicia el proceso y el costo del alojamiento en el Servicio Penitenciario ante una eventual condena.
También será reformado el Código Contravencional para que los padres de niños y adolescentes respondan por ellos. Las sanciones que se contemplan para estos casos van desde el arresto de los padres hasta "una multa equivalente al daño que produjo a la sociedad el delito de su hijo", con lo que busca que "los padres se hagan cargo del daño o los delitos que cometan sus hijos".