Las diputadas Laura Alonso (PRO) y Patricia Bullrich (Unión-PRO) denunciaron hoy al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por la posible violación de la ley de ética pública en el viaje de fin de año que realizó a Brasil, donde estuvo con un empresario y fue agredido un equipo periodístico del canal Todo Noticias.
La denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción, a cuyo titular, Julio Vitobello, las diputadas le solicitaron impulsar "las medidas destinadas al esclarecimiento de la situación, pues ésta compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional, en particular la Convención Interamericana Contra la Corrupción".
La denuncia dice que Echegaray y su familia viajaron a Río de Janeiro a través de la aerolínea Fly Emirates, que obtuvo moneda extranjera y que se alojó en el Hotel Sofitel de Copacabana junto con Jorge Omar Lambiris Vilches, empresario dedicado a los depósitos fiscales con actividades comerciales reguladas y fiscalizadas por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
"El Dr. Echegaray podría haber incumplido normativa relativa al uso obligatorio de los servicios de Aerolíneas Argentinas para los viajes internacionales", sostiene la denuncia.
Para las diputadas, "el funcionario podría haberse valido de su posición al frente de la AFIP, haciendo desviar las funciones normales del sistema de compra de moneda extranjera para viajes en procura de dos indebidos beneficios: I) la obtención de mayor cantidad de moneda extranjera; II) la adquisición de 'dólares' en lugar de 'reales'".
Por la relación de Echegaray con Lambiris, de quien el funcionario dijo que es padre de un compañero de colegio de su hija, la denuncia sostiene que "podría existir o haber existido una situación de incompatibilidad o beneficio personal indebido" por la habilitación de depósitos fiscales que recibió el empresario.
Echegaray fue denunciado por la posible violación de la ley 25.188 de ética pública, que en varios de sus artículos obliga a los funcionarios estatales a "no recibir ningún beneficio personal indebido" por sus tareas, prohíbe recibir regalos en el ejercicio de la función y considera incompatible la prestación de servicios a privados que realicen actividades reguladas por el Estado, informó la agencia DyN.
