La senadora correntina Dora Sánchez, que admitió ayer que votó la ley de medios a pesar de haberla considerado un "mamarracho y mamotreto", fue denunciada ante la Justicia por su dudoso cambio de voto. Esta mañana el abogado Ricardo Monner Sanz la denunció penalmente, y por estas horas se espera otra presentación por “cohecho pasivo” que anunció el titular de la UCR, Gerardo Morales.
La presentación de Monner Sanz es un pedido de indagatoria a Sánchez por su sorpresivo cambio de postura respecto de la ley de medios que el Senado convirtió en ley el viernes último, por entender que la senadora incurrió en el delito de “cohecho pasivo” y “encubrimiento”. Una denuncia que esta mañana se aprestaba a realizar también Morales, en nombre de la UCR, al advertir que la legisladora incurrió en un "hecho muy grave" al admitir que votó a favor de la ley de medios "para favorecer a su provincia en la remesa de fondos".
"Este es un hecho muy grave, que no sólo hay que mirar en la conducta de la senadora Sánchez sino también en la conducta del Gobierno", alertó el senador por Jujuy, que tenía previsto concurrir a los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 10.30, y llamó a terminar de una vez por todas con el "transfuguismo" en la política.
En declaraciones a radiales y televisivas, Morales cuestionó el cambio de postura de la legisladora correntina que, antes de la votación del viernes pasado, había adelantado permanentemente su intención de sufragar en contra de la ley de radiodifusión.
Inclusive, la senadora correntina había calificado de "mamarracho y mamotreto" la norma impulsada por el Gobierno.
Morales explicó que en la denuncia contra Sánchez la UCR piensa "encuadrar el tema en el artículo 256 y otros concordantes del Código Penal que establece la figura de cohecho pasivo". Y añadió: "En el artículo cuarto, la Convención Interamericana contra la Corrupción define como acto de corrupción también claramente esta actitud de la senadora".
En tanto, el pedido de citar a indagatoria a Sánchez, planteado por Monner Sans ante el juzgado federal número dos, destaca que es "sin necesidad de desafuero" a raíz de las afirmaciones radiales de la legisladora admitiendo que votó a favor del proyecto de ley de Medios a cambio de la promesa de más fondos del Gobierno nacional al de Corrientes. "El artículo 256 del Código Penal castiga con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones", remarcó el denunciante.
Sánchez reconoció ayer públicamente que existieron "presiones" de la Casa Rosada y que votó a favor de la ley de medios para "suavizar la relación" entre el Gobierno nacional y su provincia.
Fuente: DyN
