Denuncian sobreprecios y beneficios a empresarios K en una megalicitación
La obra hidroeléctrica Chihuidos I fue adjudicada a Electroingeniería y a Cristóbal López. La
Coalición Cívica denunció que el Estado fue su "garante privado".
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Cedoc
La megaobra por más de 1.500 millones de dólares a realizarse en Neuquén fue adjudicada por el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido al consorcio conformado por Electroingenieria, del empresario kirchnerista Gerardo Ferreira, y la firma Comercial del Plata Constructores, cuyo 25% pertenece a Cristóbal López, uno de los hombres de negocios más cercanos a Néstor Kirchner.
También conforman el consorcio beneficiado OAS, Hidrocuyo, Rovella, Carranza y UTE. Sin embargo, cuatro diputados de la Coalición Cívica (CC) denunciaron ante la Justicia graves irregularidades, sobreprecios y una trama de corrupción que alcanzaría hasta la misma caja de los jubilados.
Los legisladores Juan Carlos Morán, Fernanda Reyes, Adrián Pérez y Walter Martello acudieron a los tribunales de Comodoro Py y estos días evalúan presentar un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo para que la cartera de De Vido no entregue la obra a ese conglomerado de empresas "amigas" hasta que los tribunales se expidan sobre esta sospechosa licitación. Los diputados reclamarán que se impugne la adjudicación de la próxima generadora eléctrica en la región sur y que se vuelva a realizar conforme a la ley.
En diálogo con Perfil.com, el diputado Morán explicó que el financiamiento privado -debe alcanzar el 66% del total de la obra para ser aprobado- que obtuvo el consorcio ganador por parte del Banco de Desarrollo de Brasil (729 millones de dólares), Banco de Córdoba (U$S 302 millones) y el Banco Macro (U$S 150 millones) no cumple con el decreto Decreto N° 1023/2001 que regula la contratación pública.
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El motivo: el garante del préstamo es el propio Estado argentino a través de un futuro fideicomiso o el Fondo de Coparticipación Federal en el caso del Macro. Incluso, se sospecha que las inversiones en estos dos últimos bancos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional de la Anses, la caja de los jubilados, luego serían transferidas como financiación en Chihuidos I.
Morán consideró que "la licitación está armada. El Estado es tomador de sus propios créditos y así EISA y CPC son el caballo del comisario Kirchner. Dejan claros los papeles para que gane los amigos del Gobierno". Además, el consorcio de empresas kirchneristas presentó un proyecto de 303 millones de dólares más caro que el del conglomerado del Grupo Roggio Isolux, Esuco y Supercemento. Para Morán, la explicación de ese sobreprecio es sencillo: " En la obra pública son coimas que terminan en Julio De Vido y Néstor Kirchner".
Además, los diputados encontraron otros dos datos concluyentes en esta adjudicación. Por un lado, el Estado tuvo "excesiva" preponderancia en la financiación "privada" de la obra hidroléctrica por sobre las tarifas eléctricas a cobrar luego a los usuarios y el costo total de la obra. El ganador tenía, desde luego, mejor financiamiento, pero proponía tarifas 0,23 kw/h contra 0,16 de los competidor. El sobreprecio, a la larga, lo pagaría el bolsillo de la gente, según esta denuncia.
¿El Estado licita al Estado? De acuerdo a la presentación que pudo acceder Perfil.com, existió un "direccionamiento para que sean beneficiadas las empresas pertenecientes a Ferreyra y López", advierte y luego apunta que " el riesgo empresarial asumido por los empresarios es inexistente, dado que el consorcio ganador pudo obtener aquel financiamiento por la garantía lisa y llana del Estado Provincial y garantías del Estado Nacional ante el Banco de Córdoba, el BANDES de Brasil y Banco Macro".
Asimismo, en la presentación realizada también se indica que "lo escandaloso es que indirectamente estarían financiando un presunto hecho de corrupción con dinero de los futuros jubilados. Ya que como se desprende de las Actas 12 a 20 del Comité Ejecutivo de ANSES, tanto el Banco Macro como el Banco de Córdoba, reciben permanentemente grandes depósitos del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO".
A su vez, los diputados opositores denunciaron que estos hechos "evidenciaría la relación ilegal entre quienes han resultado preadjudicatarios y quienes, impulsaron, gestionaron y finalmente consiguieron otorgar avales y garantías a un privado al solo efecto de obtener un beneficio económico por medio de un proceso direccionado".
