Legisladores del Frente para la Victoria (FpV) denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al titular de la administración de la seguridad social, Emilio Basavilbaso, y pidieron la nulidad de la resolución del Ejecutivo que dispuso la transferencia de la base de datos de la ANSES a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación.
Los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié denunciaron penalmente a Peña, por haber firmado la resolución que habilita la transferencia de los datos de la base de datos del organismo previsional.
La demanda alcanza también al director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso; y a su subdirector ejecutivo, Federico Braun; y al secretario de Comunicación Pública, Jorge Greco. Los tres fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, violación de secretos y de la privacidad.
El legislador porteño por el Frente de Izquierda (FIT) Marcelo Ramal confirmó que están "estudiando hacer una presentación (judicial) porque indudablemente es el principio de desarrollo de un régimen de vigilancia del Estado sobre las personas y eventualmente sobre partidos políticos y organizaciones sociales".
A su vez, se presentó un amparo en la Justicia para que se declare la "nulidad" de la resolución, la cual se suma a la presentación realizada por la abogada particular que pidió "proteger sus datos personales".
Según indica DyN, el jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde, junto a sus compañeras Teresa García y Carolina Gaillard presentaron "una acción de amparo de alcance colectivo a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 166/16, que dispuso la transferencia de la base de datos de la Anses a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación".
En un comunicado de prensa se puntualizó que los legisladores "solicitaron como medida cautelar la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla".
Ambas presentaciones se suman a las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien alertó sobre la aplicación de "un Estado policial".
