Desde diferentes ámbitos de la Corte Suprema dejaron ayer trascender su preocupación por la situación de la actividad periodística luego de que Magdalena Ruiz Guiñazú atribuyera a motivaciones políticas una inspección en su domicilio por parte de la AFIP y tras el violento robo que sufrió Alfredo Leuco el pasado jueves.
En ese sentido, allegados a los magistrados recordaron ayer los párrafos del fallo a favor de la Ley de Medios que incluyeron alusiones a la protección de la actividad periodística.
Por ejemplo, en el tribunal señalaron puntos específicos del texto acordado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta, Helena Highton de Nolasco. En el considerando 19 del voto conjunto, ambos magistrados enfatizaron que “en su faz individual el derecho a la libertad de expresión es el derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar –o no hacerlo– sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc., a través de cualquier medio, derecho que comprende la actividad profesional del periodista a los fines de evitar restricciones que impidan el acceso a la información o que pongan en riesgo sus bienes, su libertad o su vida”.
Lorenzetti, por su parte, explica en su voto que “la libertad de expresión es más estricta cuando se trata de los periodistas, a los fines de evitar restricciones que impidan el acceso a la información o que pongan en riesgo sus bienes, su libertad o su vida”.
Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá se presentaron esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron persecuciones impulsadas por parte del Gobierno. En la audiencia, Ruiz Guiñazú recordó ante la comisión de la OEA el “juicio público llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa de Gobierno”, encabezado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Denuncias de periodistas motivan la atención de la Corte Suprema
