Cada vez son más los policías involucrados en el narcoescándalo, la causa que sacude a Córdoba en los últimos meses. En la jornada de ayer fue detenido Cristian Damián Inga, quien se convirtió en el noveno integrante de la fuerza policial que cae por supuestos vínculos con el narcotráfico. Inga se encontraba prófugo desde hace más de una semana y se habían realizado diversos allanamientos en la ciudad, todos con resultado negativo, hasta que finalmente fue detenido. El cabo trabajaba realizando transcripciones de intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, y los investigadores manejan la hipótesis de que seleccionaba el material para enviar a los Juzgados, ocultando pruebas importantes para las investigaciones.
El resto de los policías detenidos sufrieron un duro revés ayer ya que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó el pedido de excarcelación pedido por el ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa. De esta manera, uno de los hombres que gozaba de plena confianza por parte del gobernador José Manuel de la Sota continuará en prisión. La Justicia también le denegó la excarcelación a tres efectivos detenidos en la cárcel de Bouwer y a Gastón Bustos, ex jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas de Mina Clavero acusado de cambiar droga por alfalfa en un operativo en el Valle de Traslasierra. La Cámara argumentó que tiene una “fuerte convicción de que el imputado en libertad atentaría contra los fines del proceso, poniendo en peligro el éxito de la investigación, en especial, la recepción de testimonios y recolección de prueba”.
Durante la semana se produjo un fuerte enfrentamiento entre el gobernador De la Sota y el ministro de Seguridad, Sergio Berni. De la Sota encontró cierto alivio luego de que la Corte Suprema de Justicia le reclamara al Gobierno medidas “urgentes” contra el narcotráfico. Esta “nacionalización” del conflicto le dio un respiro.
En una serie de tuits desde China, donde realiza una gira comercial, De la Sota aseguró que “el narcotráfico es un problema nacional y lo tenemos que resolver entre todos”. Además consideró que la frontera es “un colador” y reclamó la sanción de una ley que habilite a la Fuerza Aérea a derribar aviones que vuelen sin permiso.
El primero en responderle fue el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, que dijo que sería “una pena de muerte sin procedimiento judicial previo, lo que sublevaría el sistema judicial” argentino. Luego el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue el encargado de contestarle al mandatario cordobés. “La seguridad es una responsabilidad indelegable de las provincias en cabeza del gobernador. Hay mandatarios que pretenden que la Gendarmería les reemplace el trabajo que tiene que hacer la Policía de su provincia”, respondió.
A la vuelta de su gira por China se esperan cambios en el gabinete y medidas.
(*) Desde Córdoba.
