El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea motivó reacciones dispares en el mundo sindical. En todos los sectores despertó preocupación, pero la conducción de la CGT salió a pedir información e insistió antes que en un rechazo directo en la necesidad de que este sea implementado por un gobierno de otro signo político. En contraste, desde el Frente Sindical –y con especial énfasis desde el moyanismo– se criticó la medida como parte de un plan para imponer una reforma laboral, criterio que fue compartido por las CTA.
Antes de la reunión que mantuvieron representantes de la CGT y la CTA con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el miércoles, los gremialistas de la mesa chica cegetista habían logrado obtener información sobre el tema por medio de sus contactos con los gremios europeos. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central e integrante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue el encargado de conseguir la información y de preparar un informe. Allí, detalló sobre cada uno de los principales puntos del acuerdo “lo que no se dice” y “lo que se oculta”.
Por ejemplo, sobre la desgravación en el sector automotor señalaba: “Se espera un desplazamiento de las terminales a Brasil y una entrada de importaciones europeas del sector automotor afectará directamente al sector de autopartes. Este es el punto por el cual muchos sugieren que estamos frente a un industricidio”. Sobre el final, se indica que se debe sostener la demanda de un “Forum Laboral”, donde, indica el texto, “participen sindicatos y cámaras empresariales para hacer seguimiento permanente en la evolución de destrucción, reconversión y creación de empleo de calidad”.
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En diálogo con PERFIL, el titular de la CGT, Héctor Daer, explicó que el acuerdo se comenzará a aplicar en “uno o dos años”, lo que hace “más necesario que nunca” tener “un gobierno peronista”. Desde su perspectiva se requiere en este contexto “un gobierno que tenga una mirada social para ver el tránsito hacia la entrada en vigencia” y advirtió que si no “hay una mirada social, se corre el riesgo de que pueblos desaparezcan por economías regionales que no van a ser favorecidas”. También dijo que plantear “la no ratificación es difícil cuando se está mirando para delante”, pero remarcó que se “deben tomar todos los recaudos necesarios” antes de “ratificar el acuerdo”.
Por su parte, el Frente Sindical difundió ayer un comunicado donde denuncian que “este gobierno insensible, de ricos para ricos, sigue impertérrito con la política económica que hace a nuestro país invisible”. Luego indicaron que el Gobierno “contrarreloj quiere firmar acuerdos de libre comercio que implican no solo la dependencia económica, sino la pérdida de soberanía nacional como lo es el preacuerdo firmado en la Unión Europea y ahora la intención de hacer lo propio con los EE.UU. al mejor estilo del ALCA que derrotamos en 2005”. Un día antes, Pablo Moyano había declarado que rechazaba el “acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que seguramente viene de la mano de la reforma laboral, que es el objetivo del Gobierno”.
Tensión en OCA
La empresa postal OCA, intervenida desde su quiebra y bajo control conjunto del Sindicato de Camioneros y el Ministerio de Producción, fue ayer escenario de un serio conflicto policial. Pasadas las 16.30 una persona que fuentes internas identificaron como un empleado despedido, se presentó con una escopeta y amenazó a un gerente y otros empleados de la firma en reclamo de una indemnización. La Policía de la Ciudad rodeó el edificio y logró desactivar sin utilizar la fuerza la situación del individuo cuya identidad no había trascendido al cierre de esta edición. La empresa atraviesa un proceso de quiebra con continuidad y se designó al Banco Ciudad para conducir el proceso de venta, previamente, un abogado del sindicato de Camioneros, donde están afiliados la mayoría de sus empleados, y un representante de Producción, fueron designados como gestores de la firma.
