La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada (por 196 votos contra 9) el desafuero del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, solicitado al cuerpo por el juez federal de San Martín Alberto Soares Araujo, en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos. La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, defendió en el cuerpo el dictamen de la mayoría y sostuvo con el mismo se estaba "actuando conforme lo establece la Constitución Nacional en una causa penal que tomo vigor a partir de que este parlamento votara la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida".
Camaño recordó que la solicitud judicial se originaba por "el pedido que el acusado de lesa humanidad Luis Abelardo Patti hiciera al juez invocando sus fueros parlamentarios" y remarcó que "Patti está en libertad hoy, no porque sea inocente o víctima de manejos políticos espurios, sino porque aludió a los fueros parlamentarios para eludir la justicia penal y estar en libertad".
"Patti no es juzgado por sus ideas sino por sus conductas, por hechos no por opiniones", completó la legisladora y aclaró que la decisión adoptar no implicaba poner en discusión la resolución de esta honorable Cámara el 23 de mayo (de 2006)", cuando se impugno el ingreso del ex intendente de Escobar.
A su turno, habló la kirchnerista Victoria Donda (hija de desaparecidos y nieta recuperada, nacida en la ESMA), quien ser refirió al marco de impunidad que rigió en el país durante 30 años y afirmó que muchos de los que participaron en la represión ilegal son responsables del "gatillo fácil y la delincuencia organizada". De esa manera, apuntó que dicha impunidad se debió "a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos" firmados por Carlos Menem y cerró su discurso con la lectura de una carta dirigida a los diputados por Manuel Gonçalves (hijo de una de las víctimas que se le adjudican a Patti) en la cual reclamó que con la votación de esta noche "Nunca más las instituciones de la democracia sean utilizadas para la impunidad de los genocidas de la dictadura".
Desde la oposición, había acuerdo en votar el desafuero, pero las diferencias radicaban en la forma de realizarlo. Al respecto, Desde la Coalición Cívica, el jefe del bloque Adrián Pérez reafirmó la posición de apoyar el fallo de la Corte Suprema que reconocía fueros a Patti, pero avaló la posibilidad de que el ex intendente de Escobar sea desaforado sin asumir su banca.
El ARI-Autónomo, a través de Eduardo Macaluse, defendió la potestad de "la Cámara a juzgar los pliegos de los diputados electos" y recordó que en las dos ultimas decisiones que tomó esa Cámara (los casos Bussi y Patti), desde todas las fuerzas políticas"todos los bloques señalaron que no se afectaba la situación de los partidos, pero sí se trazaba una línea o un límite planteando para quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad".
En similar posición, se expresaron la neo-kirchnerista Vilma Ibarra y el economista de la CTA Claudio Lozano, quien recordó que en el cuerpo se trata de un "juicio político, no penal". En tanto, la UCR mantuvo posiciones encontradas en el seno del bloque, porque algunos se inclinaban por apoyar el proyecto de la mayoría y otros no se definían, a pesar de que en primera instancia habían manifestado su posición a favor de hacerlo jurar y luego desaforarlo.
El interbloque Propuesta Federal, integrado por el macrismo, ex duhaldistas, ex menemistas y algunos partidos provinciales, eligió votar un proyecto propio con el argumento de que "había que llamar a Patti para que ejerza su defensa". Al respecto, el diputado del PRO Julián Obiglio dijo estar "de acuerdo con el desafuero porque existe prisión preventiva y un pedido judicial", pero dijo que "previo al desafuero, se le dé dar a Patti la oportunidad de hacer su descargo".
El debate, que se extendió hasta la madrugada, fue seguido desde las gradas por integrantes de organismos de Derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de la organización HIJOS.