Duras críticas de un consejero opositor a la jefa de los fiscales

Mario Cimadevilla, senador de la UCR y consejero del Consejo de la Magistratura denunciará ante la Justicia a la procuradora Alejandra Gils Carbó por “cometer ilícitos en su gestión”.
En una entrevista con PERFIL, el senador criticó con dureza a la jefa de los fiscales y sostuvo que presentará la denuncia la próxima semana.
—¿Qué irregularidades sustentarán la denuncia contra Gils Carbó?
—Habla de oscurantismos en la Justicia, pero está nombrando secretarios en cargos de fiscal, cosa que no se puede hacer porque para ser fiscal es necesario ganar un concurso, elevar una terna al Ejecutivo y que se dé el acuerdo en el Senado. Está creando divisiones dentro de la Procuración al nombrar gente que no está calificada para esos cargos. Por ejemplo, en la oficina de narcotráfico ha designado un fiscal –Félix Crous– que tiene mucha experiencia en derechos humanos, pero no en narcotráfico.
—¿Analiza el pedido de juicio político con posterioridad?
—Viola la Ley de la Procuración. Ella no es quién para nombrar fiscales, por lo que nos presentaremos en la justicia penal, aunque luego se le pueda pedir juicio político.
—¿Puede actuar sin el aval del Ejecutivo?
—Supongo que el poder político está detrás de ella. Lo que ha demostrado hasta ahora la Procuradora es tener rasgos de psicópata. El psicópata es aquel que ve en el otro lo que realmente es uno. Habla de oscurantismo y elimina los concursos, habla de ilegalidad en la Justicia y nombra fiscales por resolución, habla de lobby y actúa como puntera del kirchnerismo dentro del Poder Judicial, y creemos que incurre en varios delitos del Código Penal.
—¿Qué opina del escrito que la Procuradora envió a la Corte solicitando que defina la situación de los empleados judiciales sobre el pago del impuesto a las ganancias?
—La Procuración es extrapoder, las acordadas de la Corte no la involucran a pagar el impuesto. Ella puede ordenar que los fiscales paguen directamente. Comete ilícitos y actúa como ariete del Poder Ejecutivo para embestir contra la Corte.