El responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, salió ayer al cruce de las versiones sobre una doble intención detrás de la denuncia que realizó ese organismo contra los propietario de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, y los titulares de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, denunciados en Estados Unidos. “Lo primero es recaudar ese dinero que jamás se declaró y después que vayan presos”, indicó al destacar que son “delitos diferentes” a los investigados en Estados Unidos. Las suspicacias surgen porque, según una interpretación sobre el tratado de extradición vigente desde 1999 que es motivo de disputas jurídicas, algunas personas creen que se podría retrasar o incluso suspender la extradición porque los imputados tendrán ahora una causa en la Argentina. Echegaray buscó despejar dudas sobre la posibilidad de que su denuncia pudiera ser una maniobra para evitar la extradición de los empresarios que fueron señalados por la denuncia de la procuradora general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, en un caso sobre millonarias comisiones supuestamente pagadas a directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), para lograr los derechos de transmisión de la Copa América. Echegaray defendió ayer el accionar del ente recaudador durante una conferencia ante corresponsales extranjeros que realizó en París, donde participa de la reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. “Los norteamericanos los acusan de sobornos y lavado de dinero, mientras que en la Argentina los acusamos de evasión impositiva, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero”, declaró. Sobre el escándalo que sacudió al mundo futbolístico, Echegaray dijo que “lo tomó por sorpresa” y recordó que la AFIP buscó el año pasado alcanzar un acuerdo con la FIFA para controlar las transferencias monetarias en el mercado de pases de jugadores. En este sentido, mostró el intercambio de cartas la AFIP con la millonaria ONG y dijo que el máximo órgano de fútbol mundial no accedió a sus solicitudes de cooperación: “Lamentablemente, nos condicionaron la información”. La denuncia realizada por la AFIP este jueves contra los tres empresarios argentinos, que figuran en la lista de 14 personas imputadas por la fiscalía norteamericana, quedó radicada en el Juzgado Penal Tibutario Nº 2 de Diego García Berro. La presentación de la AFIP contra Burzaco y los Jinks incluyó una solicitud para que “la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados”, indicó Echegaray. Además, el organismo recaudador cursó diversos pedidos de información al exterior a fin de encontrar cuentas y datos sobre sociedades vinculadas a los empresarios sospechados en Estados Unidos, Panamá y Suiza.
