Los jueces preferirían no tener que resolver causas vinculadas al poder político y económico. Pero Elena Amanda Liberatori, titular del juzgado 4 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, el fuero que actúa en las demandas contra el Gobierno porteño, lo hace desde el 2000.
Liberatori puso el miércoles pasado su firma en una medida cautelar que frenó una claúsula por la que el Gobierno de Mauricio Macri le condonaba a las empresas de juegos de azar sus deudas por ingresos brutos. Uno de los beneficiados era el empresario Cristóbal López, cercano a los Kirchner y dueño en la ciudad del Casino flotante y de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.
Así, Liberatori dejó en suspenso uno de los acuerdos políticos empresariales más importantes del año.
Lejos de ser la primera vez que esta jueza objeta una decisión del Gobierno porteño, en la gestión del PRO están acostumbrados a los fallos de esta jueza, tanto que para ellos integra una suerte de “eje del mal judicial”, junto con los jueces Andrés Gallardo y Patricia López Vergara.
Afiliada al radicalismo en su juventud pero con poca militancia política, Liberatori es una “outsider” del poder judicial, aunque siempre lo transitó. Se recibió en 1974 de abogada en la Universidad de Buenos
Aires e ingresó al Poder Judicial en 2000, cuando se inauguró el fuero contencioso en la ciudad. Ganó el cargo y su pliego fue aprobado por unanimidad por la Legislatura.
Ejerció la profesión de abogada y también se desempeñó en cargos como asesora del Poder Ejecutivo Nacional e integró la primera composición de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Ella dice que haber estado en distintos lugares del mostrador le permite tener una visión diferente de los roles de una causa judicial.
En 2004 ordenó el cierre provisorio de una muestra del ahora fallecido artista plástico León Ferrari. Y después frenó varias medidas del Gobierno macrista: el 0800 para denuncias en las escuelas públicas y la instalación de cámaras en esos establecimientos; en la toma del Parque Indoamericano instó al Gobierno a que genere una mesa de diálogo para encontrarle una solución al conflicto.
Además, en 2008, a poco de asumir Macri, Liberatori frenó la intervención de la obra social de los municipales y también le ordenó reincorporar 2.300 empleados que habían sido cesanteados.
“Palos en la rueda” o “los jueces no gobiernan”, repitieron en el PRO ante cada fallo de Liberatori.
Además le otorgó a la actriz Florencia de la V el cambio de nombre en su DNI. Al frenar la cláusula del convenio Macri-Cristobal, la jueza le dio 10 días al Gobierno para que conteste la demanda y así poder resolver
la cuestión de fondo.
