El fiscal federal Horacio Comparatore murió esta mañana a los 69 años y su trabajo en los tribunales de Comodoro Py cobraron mayor resonancia en los últimos años a raíz de su intervención en casos de impacto mediático, como su denuncia por el excéntrico anillo de 250.000 dólares que exhibió el polémico juez federal Norberto Oyarbide.
Comparatore validó la denuncia contra Oyarbide por "gastos exorbitantes" del gremialista bancario Juan José Zanola -a quien el fiscal investigó en la "mafia de los medicamentos". El sindicalista pretendía desquitarse de Oyarbide luego de estar, por orden del magistrado, dos años en prisión preventiva por el "Remediogate".
En junio de 2012, el fiscal federal le solicitó al juez Diego Torres información para determinar el valor de anillo de diamantes que Oyarbide mostró a sus secretarios en su juzgado. No obstante, Comparatore pidió apartarse de esa causa en un primer momento. Según explicó, Oyarbide lo "maltrató" en un expediente por evasión impositiva contra futbolistas.
En septiembre, Oyarbide declaró por escrito ante el Consejo de la Magistratura que el anillo lo alquiló en una joyería de Punta del Este por 7.500 dólares. El juez Torres ordenó una tasación de la alhaja a un perito del fuero penal económico y resguardó el objeto en la caja fuerte de un banco. Pero hasta ahora esa causa no tuvo avances de ningún tipo.
El reemplazante. Según se supo esta mañana en los tribunales federales de Retiro, el fiscal que quedará a cargo de las causas que llevaba Comparatore será del subrogante Ramiro González, el primer fiscal ad hoc de la causa por "lavado de dinero" y "encubrimiento" contra Lázaro Báez que instruye el juez Sebastián Casanello.
Las otras causas. El fiscal Horacio Comparatore, quien falleció en la mañana de lunes tras padecer problemas de salud, también investigó al piquetero Luis D'Elía por la toma de lo comisaría de la Policía Federal en La Boca en 2004. La instrucción tuvo sus frutos: el dirigente de MILES afrontará un juicio oral.
En septiembre de 2007, el fiscal recibió el respaldo de la Corte Suprema cuando los abogados del ex presidente Fernando De la Rúa lo cuestionaron en la causa por los cinco asesinatos cometidos en pleno centro porteño el 20 de diciembre de 2001, en pleno estallido social.
Otro de los expedientes en los que intervenía el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº5 era la denuncia de supuesta "desestabilización" contra el gobierno nacional luego que se organizara un "escrache" en la puerta del casa de Guillermo Moreno y por la web se difundieran fotos del funcionario en un ataúd.
