En enero de 2003 la Editorial Río Negro S.A. presentó una demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén para que frene los actos discriminatorios en el reparto de pauta oficial en los medios.
El argumento central de la demanda presentada por la empresa que publica el Diario de Río Negro se basó en que los lectores no se informaban de los actos de gobierno. Pero la "administración Sobisch dispuso no sólo el cese completo de la publicidad -que años después restituyó en parte- sino que también cerró la posibilidad de acceder a la información de sus organismos públicos", consignó en su edición de hoy el matutino.
Todo comenzó cuando el 7 de diciembre de 2002, el ex diputado provincial neuquino Jorge Taylor reveló en conferencia de prensa que el vicepresidente primero de la Legislatura neuquina, Osvaldo Ferreyra, le había ofrecido $ 640.000 para que diera quórum en una sesión del cuerpo que iba a discutir las ternas propuestas por el gobernador Jorge Sobisch para completar el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén con abogados de su confianza.
Al otro día, el Río Negro publicó en sus páginas el "presunto intento de soborno que involucraba al propio gobernador Sobisch". En los días subsiguientes, se ocupó de las repercusiones, recogiendo incluso declaraciones de los denunciados cuando quisieron hacerlas.
Unos días después no tardó en llegar la respuesta del actual mandatario provincial, en licencia para abocarse a su candidatura presidencial. Arbitrariamente quitó la publicidad oficial previamente acordada.
En la presentación judicial de Rio Negro se comprobaba que el "enojo" de Sobisch respondía únicamente a la publicación de las notas periodísticas con la descripción del caso y las repercusiones. Además, denunciaba "el manejo discrecional de los fondos del gobierno provincial destinados a publicidad en los medios de comunicación social" y advirtió que "se buscó afectar la libertad de expresión y silenciar la crítica política".
En el amparo, erl periódico consideró probado no sólo que el enojo del gobierno neuquino con el diario obedeció al contenido de notas periodística publicadas sino también que a través del manejo discrecional de los fondos del gobierno provincial destinados a publicidad en los medios de comunicación social, se buscó afectar la libertad de expresión y silenciar la crítica política. En la presentación también aportó datos concretos para evidenciar el drástico recorte de la publicidad oficial neuquina en el diario, en forma simultánea con el notable incremento en otro medio que circula como competencia.
Con el apoyo de organizaciones Periodistas, la Asociación por los Derechos Civiles y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Río Negro llevó su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de 2003.
Sin embargo, el revés judicial para Sobisch llegó hoy, desde el máximo tribunal de Justicia argentino. En un fallo inédito sobre la discriminación del Estado en el reparto de pauta oficial en los medios de comunicación, la Corte Suprema condenó a la provincia de Neuquén a que "las futuras publicidades no sean adjudicadas de modo discriminatorio y a que en un plazo de treinta días presente un plan de distribución de la publicidad oficial respetuoso de las reglas consagradas en este fallo".
Para el Tribunal quedó acreditado que el Estado provincial contrató publicidad oficial con editorial Río Negro y que tras la difusión de la noticiala interrumpió. Advirtió además que "el estado tiene libertad para asignar los recursos pero no puede hacerlo como un modo indirecto de limitar la libertad de expresión".
Fuente: Río Negro
