El Consejo de la Magistratura pidió un crédito de $20 millones al Banco Ciudad para hacer frente a los sueldos del Poder Judicial ante la falta de respuestas del Gobierno para habilitar los fondos destinados al pago de los salarios, confirman altas fuentes judiciales.
Un recorte del presupuesto y el ritmo de incrementos salariales influyeron en el déficit del Consejo, que tiene una deuda estimada de $1.076 millones con la Corte, que financió los sueldos del Poder Judicial con dinero de su fondo anticíclico.
Esta deuda llevó a que el Máximo Tribunal decidiera dejar de “solventar” gastos que no le son propios y que dependen de negociaciones salariales propias del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la administración del Poder Judicial y Jefatura de Gabinete.
Ante la falta de soluciones y luego del fracaso de un pedido de asistencia de los siete ministros de la Corte al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en diciembre pasado, finalmente la entidad financiera que depende de Mauricio Macri será el que facilite al Poder Judicial una salida.
Desde el Poder Judicial reclaman que el Ejecutivo libere los fondos ya que las partidas presupuestarias estarían programadas pero el Gobierno no habilita las transferencias en efectivo. “Es un regateo”, explican voces judiciales preocupadas por la situación y recuerdan que, para ellos, el oficialismo busca “disciplinar a la Justicia”.
Ayer, durante la apertura de sesiones ordinarias la presidenta Cristina Kirchner cuestionó las finanzas de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco: “Hay que ponerle un poco más de onda para que la cosa ande mejor, cobran los mejores sueldos, no pagan ganancias”, reprochó.
“Un juez no puede ser opositor, tampoco puede ser oficialista, pero un poco de control no le viene mal a nadie”, dijo la Presidenta. Y volvió sobre la reforma judicial impugnada por la Corte Suprema: “Era un excelente proyecto, no puede ser que estemos todos controlados y haya un sector que no lo controle nadie”, expresó.
Desde la Corte reclaman “razonabilidad” y explican que de la estructura financiera destinada al Poder Judicial el 90% queda a disposición del Consejo de la Magistratura, y el Máximo Tribunal recibe tan sólo el 0,8 por ciento.
En tanto, asesores de jefatura de Gabinete explicaron a PERFIL que Capitanich habría propuesto una solución a través de partidas presupuestarias excepcionales, pero todavía no se concretó.
