El Consejo de la Magistratura entró en ebullición esta semana luego de comenzar a tratar en paralelo dos causas contra jueces federales acostumbrados a lidiar con el poder. Uno de ellos es Norberto Oyarbide, que contaría con el aval del kirchnerismo dentro del organismo, y el otro, Claudio Bonadio.
Los magistrados se reunirían para tratar estos temas recién a partir del jueves 24 de abril, ya que esta semana, la mayoría de los consejeros asistirán a una Cumbre Regional de Magistrados, en Santiago de Chile. Viajarán junto al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
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La situación de Oyarbide es muy sensible desde que estalló el escándalo que desató la suspensión del allanamiento a la financiera Propyme.
El magistrado admitió ante la Cámara de Apelaciones haber suspendido el allanamiento tras un pedido telefónico del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini. De esa manera se autoincriminó y quedó en la mira de la Magistratura y de la Justicia Federal. Hoy acumula en el Consejo cuatro causas en su contra. Tres por su supuesto mal desempeño y otra en la cual se lo investiga por haber ingresado desde Uruguay un anillo de alrededor de US$ 250 mil.
En el fuero federal avanza una pesquisa en su contra que avanza en manos del juez Luis Rodríguez, que lo investiga por presunto cohecho y prevaricato, además de supuesta complicidad en el tráfico de influencias.
El viernes, Oyarbide y Liuzzi fueron imputados por el fiscal federal Ramiro González. Por otro lado, el juez Claudio Bonadio fue citado para el 15 de abril, cuando deberá presentarse (o enviar un escrito) para ejercer su defensa ante el Consejo de la Magistratura.
Tiene tres causas en su contra, dos impulsadas por el oficialismo. La primera, de 2002, por la transferencia del 90% del paquete accionario de Tandanor a otra empresa. La segunda, por un expediente iniciado en 2000 por fraude a la administración pública. En ambas se lo acusa de dilatar la investigación. La tercera, iniciada la semana pasada por Gregorio Dalbón, abogado de una de las querellas que se presentaron en el juicio por la tragedia de Once, quien pidió su remoción por mal desempeño al insistir en declaraciones mediáticas sobre la responsabilidad del maquinista Carlos Córdoba
