El dictamen del consejero Luis María Cabral sobre la imputación a cuatro magistrados de la Cámara de Casación Penal por la morosidad en el tratamiento de causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar estaría listo en unos 60 días, dijeron fuentes allegadas al juez.
Pese a la reserva que mantiene Cabral, sus allegados indicaron que "está haciendo una compulsa de la totalidad de la jurisprudencia doctrinaria sobre excarcelación de cada sala y de cada magistrado" que aparecen imputados en la presentación efectuada ante el Consejo de la Magistratura.
Indicaron al respecto que "es muy probable" que el juez concurra a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital -donde tiene su asiento la Cámara de Casación Penal- para verificar personalmente los expedientes y analizarlos mientras las causas siguen su trámite y evitar demoras, o que "pida que le manden fotocopias".
En tanto, Cabral estaría disponiendo que se "les haga saber los cargos en su contra" a los jueces denunciados para que hagan -si así lo desean- presentaciones en el sumario, "en una especie de equivalente al artículo 73 del Código Procesal", dijeron los informantes.
Esa norma establece que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aún cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al Tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".
De acuerdo a los pasos procesales, una vez que el dictamen esté listo -sugiriendo el avance del juicio o su desestimación- pasará al plenario de la Comisión de Acusación y Disciplina integrada por nueve miembros, quienes, a su vez, pueden compartir o disentir con el criterio del juez instructor.
La comisión de Acusación y Disciplina la preside la diputada Diana Conti y la integran los jueces Cabral, Luis Bunge Campos, el catedrático Mariano Candiotti, los legisladores Federico Storani, Nicolás Fernández y María Laura Leguizamón, el abogado Santiago Montaña, y Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo.
En caso que se decida avanzar con los procesos se citará "formalmente" a los imputados para escucharlos en una suerte de declaración indagatoria en la que, al igual que en los procesos penales, pueden negarse a hacerlo sin que ello implique presunción en su contra.
Finalmente, la Comisión decidirá si impulsa la acusación de los imputados ante el Plenario del Consejo de la Magistratura, si la desestima, o si archiva las actuaciones.
En la hipótesis de un dictamen acusatorio, el expediente es elevado al pleno del cuerpo que, en caso de caso de considerar con los dos tercios de sus votos que hay elementos para promover la destitución de los magistrados, los suspende y envía las causas al Jury de Enjuiciamiento, que en 180 días debe llevar a cabo el juicio político.
En tanto, los presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país expresaron hoy su "grave preocupación" por el respeto "a la independencia del Poder Judicial frente a la injerencia de otros poderes del Estado", durante una reunión mantenida con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Según un comunicado difundido esta tarde desde el máximo tribunal del país, los camaristas expresaron su "grave preocupación" ante Lorenzetti, a raíz de la situación generada por las denuncias contra cuatro miembros de la Cámara de Casación penal.
Si bien en la reunión realizada hoy en la Corte se abordaron otros temas relativos a la administración judicial, el eje "prioritario" fue "la grave preocupación de ese cuerpo porque se respete la independencia del Poder Judicial frente a la injerencia de otros poderes del Estado como una cuestión institucional que hace a la seguridad jurídica de la ciudadanía", se informó en el comunicado.
Los integrantes de la Junta consideraron que la "cuestión supera las situaciones personales por encontrarse vinculada a cuestiones institucionales" y por ello "reiteraron el absoluto respeto que merecen las garantías previstas en la Constitución nacional".
Finalmente, los camaristas coincidieron "en un todo con las expresiones vertidas por la Corte que se hicieron públicas ayer", concluyó el comunicado.
A la reunión en el cuarto piso del Palacio de Justicia faltó Alfredo Bisordi, el presidente de Casación duramente cuestionado desde el gobierno.
