Bajo el camuflaje de agencias de seguridad o consultoras, un verdadero ejército de ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de ex espías argentinos y extranjeros, realizan tareas de inteligencia para empresas privadas, particulares, políticos y, lo que es más controvertido según la ley vigente, hasta para el propio Gobierno.
Una semana antes de que el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández saliera a denunciar que es blanco en la mira de espías supuestamente enviados por el Gobierno, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contrató a una empresa privada para barrer su despacho de posibles micrófonos, detectar pinchaduras en sus líneas telefónicas y verificar que sus celulares no están interferidos.
Lo curioso del caso es que el funcionario no le confió esa tarea al jefe de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Héctor Icazuriaga, sino que prefirió acudir a una empresa de seguridad privada que también realiza tareas de inteligencia de manera ilegal para clientes VIP.
Tanto Fernández como De Vido conocen la fascinación que tiene Néstor Kirchner por los informes de inteligencia; también saben que él es desconfiado por naturaleza y contrasta toda la información que aportan los diferentes organismos del Estado.
“Hace tiempo que el Estado perdió el monopolio de las tareas propias de los organismos de inteligencia”, confesó a Perfil un experimentado agente de la SIDE, de nombre Marcelo. La fuente explicó que hay empresas que cuentan con “tecnología de punta traída de Estados Unidos o Israel que es muy superior a aquella con la que cuentan la SIDE, Gendarmería, la Policía Federal o el Ejército”.
Por esa razón, las principales compañías que hacen inteligencia de alto vuelo en la Argentina son mayoritariamente de capitales extranjeros, como por ejemplo Kroll, Holder International, FTI Consulting y la versión civil del Mossad, llamada SIA.
