POLITICA
Las inexplicables paradojas de la Justicia

El estudio jurídico de Righi defiende a funcionarios

El Procurador General de la Nación es el fundador del estudio que representa, entre otros, al ministro Julio De Vido y al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Más información en Edición Impresa.

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| CEDOC

Esteban Righi es el Procurador General de la Nación, y como tal, el jefe de los fiscales nacionales. Sin embargo, desde 2003, cuando defendió exitosamente al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito, su estudio de abogados representa legalmente a funcionarios públicos y jefes sindicales acusados de cometer actos de corrupción.

Fundado por él, el Estudio Righi funciona ahora sin su presencia. Está integrado por su hijo Federico Righi, su segunda esposa, Ana García, y sus socios: Fabián Musso y Daniel Carral. Ellos cuatro se ocupan de conseguir que la Justicia absuelva los mismos delitos que el Gobierno dice que está decidido a perseguir.

Musso representa al ministro de Planificación, Julio De Vido, en la causa que inició contra Elisa Carrió, que en 2003 lo acusó de "recaudador" y "valijero" de Néstor Kirchner.

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El cliente vip más nuevo del Estudio Righi es el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Esteban Righi impulsó la medida promovida por el fiscal Stornelli, para prohibirle a Moreno ingresar al INDEC. Pero al mismo tiempo,  su socio Musso asumió la defensa del secretario de Comercio en la causa que investiga la supuesta manipulación de datos del organismo.

El Estudio Righi defendió, también a Alesandra Minnicelli, esposa de De Vido, en la causa que investigó las supuestas irregularidades cometidas durante la venta de YPF. Minnicelli, síndica general de la Nación, integró el directorio de la petrolera. Fue absuelta en julio de 2006

También lleva adelante el Estudio Righi la defensa del sindicalista José Rodríguez (SMATA) en tres causas diferentes, todas por presunta defraudación a la obra social del sindicato, que suman un perjuicio para los afiliados de 12 millones de dólares.

Por otra parte, nadie controla los actos de Esteban Righi. Debería hacerlo una comisión bicameral del Congreso. Pero esa institución parlamentaria, prevista en la ley 24.946 de creación de la Procuración General de la Nación, nunca fue creada.