El ex capitán de la marina Jorge “El Tigre” Acosta y otros ex oficiales de la fuerza fueron enviados a juicio oral por el desapoderamiento de bienes de detenidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
La decisión la tomó el juez federal Sergio Torres quien, por los presuntos delitos de tormento, amenazas y privación ilegal de la libertad, envió a juicio oral y público los casos del ex almirante Oscar Montes y los ex capitanes de corbeta Carlos Capdevila y Adolfo Miguel Donda, informaron fuentes judiciales.
La Justicia dio por probado que durante la última dictadura militar existió en la Escuela de Mecánica de la Armada un “plan delineado previamente” para “capturar” víctimas y desapoderarlas de sus bienes, perpetrado por “El Tigre” Acosta y Jorge Rádice, entre otros imputados.
Acosta era por ese entonces jefe de Inteligencia del grupo de tareas 3.3 y será juzgado, entre otros hechos, por el “desapoderamiento ilegítimo” de un automóvil que pertenecía a la familia de Hugo Tarnopolsky.
Acosta se apoderó del Chevrolet, modelo Special, sedan, luego de que el 16 de julio de 1976 entró a la vivienda de la familia en la calle Peña al 2600 de Capital Federal mediante “el uso de un artefacto explosivo” y detuvo a sus ocupantes, recordó el juez federal Sergio Torres.
Además, el ex represor será sometido a juicio también por participar del desapoderamiento de la biblioteca perteneciente a la secuestrada Mercedes Carazo, el 21 de octubre de 1976, donde posteriormente el represor instaló sus oficinas. En base a los testimonios recolectados en la causa, el magistrado determinó que muchos secuestrados eran obligados a confeccionar documentación falsa para concretar el robo de los bienes y efectuar, por ejemplo, escrituras apócrifas.
La sede operativa estaba en el “departamento Logística” del grupo de Tareas 3.3, ubicado en el salón de honor de la casa de oficiales de la ESMA. “Hubo un acuerdo de voluntades para desapoderar a los detenidos de sus bienes y un reparto funcional de tareas” que derivó en “el desarrollo de distintos roles funcionales, de acuerdo al plan de ejecución previsto”, escribió el juez al enviar a juicio oral a los acusados.
En un plan “delineado previamente” se había acordado “la captura y traslado a la ESMA de las víctimas de los hechos puestos de relieve, ello con, entre otros, el objeto de desapoderarlas de sus bienes”.
Para ello “se las mantenía en forma ilegítima y mediante violencia en estado de detención, implementando sobre ellas medios extorsivos y ejecutando a partir de allí las maniobras espurias identificadas para así lograr el traspaso de los bienes despojados, todo con el fin de ingresar al patrimonio de la organización los activos ilícitamente obtenidos”, concluyó el juez.
El magistrado tiene a su cargo la causa por la que se investiga al hijo del represor Guillermo “Pajarito” Suárez Mason como también Miguel Angel Benazzi Berisso, Carlos José Pazo, Julio Antonio Torti, Carlos Fragio, Hugo Enrique Demario y Rogelio Martínez Pizarro.
Todos los imputados, además, ya fueron detenidos y alojados en dependencias militares, poco después de que Torres los acusara de 250 casos de secuestros y torturas cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre los casos por los que se lo acusa se encuentran también los secuestros de Juan Gasparini, Fernando Vaca Narvaja, Ignacio Pedro Ojea Quintana, Sara Solarz de Osatinsky, Lila Pastoriza de Jozami, Susana Pegoraro, Néstor Morandini y Graciela Daleo.
A fines del año pasado, el magistrado dictó millonarios embargos contra Alfredo Astiz (258 millones) y Carlos Guillermo Suárez Mason (h), 258 millones. Para "El Tigre" Acosta alcanzó los 230 millones, mientras que el monto mayor de los embargos, 429 millones, alcanzó al ex oficial Rogelio Martínez Pizarro.
Fuente: Télam
