POLITICA
recurso internacional

El experto del Gobierno para demandar a EE.UU. también duda de la jugada

Daniel Herrendorf fue presentado por el oficialismo como el especialista detrás de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los Fondos Buitre. Desconfía del resultado.

Escritor. Esta semana presentó el primer Código Internacional de Derechos Humanos. Estuvo acompañado por Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema, y la senadora Norma Morandini.
| Alfredo Nardini

Daniel Herrendorf es profesor de Filosofía, especialista en derechos humanos y escritor. Esta semana fue presentado por el Gobierno como el nexo para demandar a Estados Unidos por el conflicto contra los fondos buitre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En distintos medios oficialistas se lo señaló como integrante de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FPDL) y principal impulsor de un pedido ante la CIDH contra la Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, durante una larga entrevista con PERFIL, puso en duda que la Comisión vaya a aceptar la demanda, se mostró crítico con el Gobierno y destacó el peligro de cambiar la jurisdicción del pago de deuda. “Sería deseable pero no se puede afirmar que la CIDH resuelva a favor de la Argentina”, sentenció.

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Herrendorf fue el autor intelectual del proyecto que impulsa la Fundación a través de un asesor del kirchnerismo en el Senado.
—¿Su propuesta de solicitar una medida cautelar que frene la resolución del juez Thomas Griesa modifica el escenario que enfrenta la Argentina?
—La Comisión Interamericana tiene facultades para intervenir, hay varios precedentes que avalan mi propuesta, como el de la cárcel de Guantánamo u otros vinculados a condenas a pena de muerte en los EE.UU. Allí la comisión decidió por encima de la Justicia norteamericana e impuso medidas cautelares que suspendieron la sentencia norteamericana.


—Son casos donde estaba en juego el derecho a la vida y no la economía. ¿La comisión Puede intervenir igual?

—En realidad, debería. Porque si el escenario es el de 2001, hay un riesgo muy grave. La sentencia obliga a un pago. Son US$ 1.600 millones, es una reasignación de recursos muy importante. Después están los llamados “me too”, que vienen detrás, y esa cifra puede alcanzar más o menos los 14 o 15 mil millones de dólares, casi el 100% de las reservas del Banco Central. Entonces, la Argentina se queda sin recursos. El cumplimiento de la sentencia implica el hundimiento masivo de la economía argentina.


—¿Pero tiene información de que la comisión va a intervenir en el conflicto?
—No sé lo que va a hacer la comisión. Ojalá sea cierto. Yo creo que Argentina no acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una disputa sobre todo en materia de libertad de expresión.


—¿Hay que cumplir el fallo de Griesa o es ilegal?
—Es sinuoso y ha creado incertidumbre, incluso en Wall Street, entre intelectuales y economistas, que están furiosos porque debilita mucho la plaza de Nueva York.


—La oposición pide que se investigue la legitimidad de la deuda. ¿Está de acuerdo?
—El destino del dinero es desconocido. Hoy la deuda pública argentina tal vez pueda ser de US$ 500 mil millones. No fue el sistema de endeudamiento que implementó Brasil, que tiene una enorme infraestructura para mostrar. ¿A dónde está el dinero de la deuda argentina?


—El kirchnerismo dice que Menem es el responsable de la deuda...
—Por lo que conocí a Carlos Menem y a Eduardo Duhalde, creo que tenían confianza en que podían ser financiados. En ese momento, toda América Latina se endeudaba para crecer. Pero era una fantasía.


—¿Cree que hay sectores del oficialismo que “venden” su propuesta como “salvadora” de la Argentina?
—No me importa, la lucha hay que darla igual. Es lo que se llama el uso alternativo del derecho. ¿O qué otra posibilidad hay?


—¿Los bonistas aceptarán recibir el pago de sus bonos en la Argentina?
—¿Quién va a querer venir a litigar en Argentina si no tenemos seguridad jurídica? ¿Qué juez va intervenir? ¿Oyarbide? Dicen que quieren pagarles a los bonistas reestructurados. En unos meses, cuando pidan la aceleración, vamos a ver qué hacemos.