El fiscal Jorge Di Lello pidió al juez federal Ariel Lijo desestimar una denuncia contra el ministro de Economía, Hernan Lorenzino y la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, quienes habían sido acusados por violación a la Ley de ética en el ejercicio de la función pública por la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), cuya expropiación fue aprobada por el Congreso.
La denuncia había sido presentada por el abogado Carlos Tórtora, en donde acusa a Daura de disponer la contratación de la empresa para la fabricación de billetes, y después asumir un cargo en ella en calidad de subinterventora.
Según la acusación, Lorenzino había sido denunciado por ejercer al mismo tiempo el cargo de ministro y el de interventor.
Sin embargo, para el fiscal Di Lello no existe “conflictos o intereses contrapuestos” en los cargos de ambos funcionarios y consideró que "hay un único interés, del Estado (...) y una vez que concluya su proceso de expropiación (la empresa) será parte de la composición de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación".
Ante la falta de impulso fiscal, la causa procesalmente quedó a un paso de ser cerrada.