Hace unos diez días, David Martínez, presidente del fondo Fintech, titular del 40% del Grupo Cablevisión, visitó en secreto la Argentina. Se reunió un viernes, después de la tarde, con varios funcionarios del Gobierno: Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, y con parte del equipo de Economía. Pero también visitó las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el organismo que el próximo 17 de febrero aprobaría el plan que presentó Clarín para dividirse en seis partes.
La visita de Martínez, un “amigo” del Gobierno, se relaciona con su constante asesoramiento sobre cómo negociar la deuda que la Argentina mantiene con los fondos buitre. De hecho, él es uno de los tenedores de deuda soberana más grandes del mundo. Martínez pondría sus influencias para destrabar una compleja negociación.
El titular de Fintech es un jugador clave, no sólo porque es el socio minoritario de Cablevisión, con el 40% de las acciones, sino porque desea quedarse con Telecom. Necesita que el Gobierno apruebe esa compra, para lo que deberá desprenderse de su parte de la empresa de televisión por suscripción: la Ley de Medios le impide tener una licencia de cable si es dueño de una empresa de telefonía (un servicio público).
El tiene un interés particular en que Clarín se adecúe, sobre todo en lo que respecta a Cablevisión. Necesita una empresa ordenada para que pueda ser vendida. Clarín propuso dividirse en seis unidades distintas y “se supone” que no podrá compartir accionistas entre ellas. El Gobierno asegura que la Ley de Medios fue “todo un éxito” porque finalmente obligó al Grupo a elegir entre Canal 13 (más TN y Radio Mitre) y Cablevisión, que representa el 70% de la facturación de la compañía. Pero la realidad es que Clarín buscará quedarse, como siempre, con todo. Por eso, algunos ejecutivos de la empresa ya realizaron algunos viajes a Nueva York en busca de capital para poder “recomprarse” la empresa que ellos mismos vendan. Si la Afsca autoriza su plan en febrero, tendrán treinta días para presentar la nueva composición accionaria de las empresas.
Si dividen la empresas entre sus accionistas, como sospecha el Gobierno, deberán justificar que cuentan con el capital. Un difícil reto si se considera que el 60% de Cablevisión cuesta unos U$S 2 mil millones, según fuentes del mercado.
La influencia de Martínez también afecta al Grupo Telefónica: su situación se trataría en la última semana de febrero. En la Afsca creen que el plan que presentaron no tiene asidero porque ni siquiera reconocen la titularidad compartida de Telefé y Telefónica con la filial local. Algo que es incompatible.
El Gobierno analiza por estos días desestimar por completo el plan de adecuación de la compañía y obligarla a vender Telefe. Hay varios empresarios oficialistas que ya hacen números para quedarse con la señal, de todos modos, saben que ese tipo de beneficio no es algo que se pide, es algo que “se recibe”.
El canal fue un aliado del Gobierno y su noticiero, quien hasta hace dos semanas estuvo en manos de Francisco “Paco” Mármol, fue un fiel reflejo de los deseos del kirchnerismo. Hoy, Paco ya es hombre de Cristóbal López, el zar del juego.
