El gobierno nacional corrió de la escena, por un tiempo, la pelea que había planteado de forma explícita con los integrantes de la Corte Suprema. Se trata de una batalla correspondida que muestra dos capítulos claves: la objeción del Máximo Tribunal a la conformación del Consejo de la Magistratura y la inminente marcha en su contra que sectores cercanos al oficialismo organizaron para el próximo martes 1º de febrero.
Aunque no abdican de su discurso crítico, el Ejecutivo quedó ligado a la actual coyuntura de acuerdo con el FMI y los ecos políticos que comienzan a escucharse. El jueves pasado, fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, la encargada de marcar la posición del Presidente.
“El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organizan los sectores de la sociedad, no son parte de los temas de los cuales tenga que opinar”, aseguró, aunque no le soltó la mano a la reforma judicial. “Estamos trabajando en el tema de reformar la Justicia”, apuntó.
La postura moderada esgrimida por Fernández a través de su portavoz no fue seguida por todo su gabinete, aunque en la mayoría de los casos los funcionarios mantuvieron distancia del tema.
Fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien afirmó que sería parte de la convocatoria. “Voy a estar porque me parece que es importante generar un proceso de democratización de la Justicia”, afirmó esta semana durante una entrevista radial. “El martes va a ser una gran movilización donde estaremos muchos de los que fuimos perjudicados por esas mesas de espionaje”, aseguró.
Desde su entorno indicaron a PERFIL que Ferraresi irá “acompañado por todo el equipo del ministerio y la militancia de Avellaneda”.
Por el contrario, desde las áreas de Justicia y de Seguridad le bajaron el tono a un tema que supo tenerlos como protagonistas. En febrero pasado el ministro de Justicia, Martín Soria, había cortado lanzas con los miembros del tribunal en un encuentro de alto voltaje y que marcó una ruptura, hasta ahora irrevocable.
Soria, que había iniciado su mandato con estridencia y perfil alto, fue bajando el tono con el correr de las semanas. Fue el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien se encargó de dar crédito a la movilización, pero sin marcar presencia. “Me parece bien, toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo porque es sano y necesario que la gente se pronuncie”, dijo.
En esa línea también se ubicó el titular de Seguridad, Aníbal Fernández, una de las filosas espadas del Gobierno. Dijo avalar “toda expresión que, como dice la Constitución, tenga derecho a reclamar ante las autoridades”, aunque no planea participar del convite, según confirman en su entorno.
