El destino de los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner se define por estos días en por lo menos tres frentes. La reforma del Código Procesal Penal, el control de la estratégica Cámara de Casación Penal y el poder de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se transformaron en disputas que tendrán un peso decisorio en una preocupación que invade al Gobierno: su futuro judicial.
En sectores de Tribunales y de la oposición crece el temor a que la reforma del Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno termine siendo un procedimiento diseñado por el kirchnerismo para blindarse ante las potenciales condenas judiciales que recibirá una vez dejado el poder. La esencia de esa estrategia está anclada en la designación de nuevos fiscales, el rol de la procuradora general y la redistribución de las causas existentes, cuestiones que no están en el articulado del nuevo código pero que igual se votarán en el mismo paquete.
Fundado o no el temor a una persecución judicial, lo cierto es que la reforma que se está debatiendo en el Senado esconde aspectos determinantes para el control de la Justicia.
Y para aplicar el nuevo esquema que planea el Gobierno, adquiere un rol clave la procuradora Alejandra Gils Carbó, integrante de la agrupación Justicia Legítima y cuestionada por su proximidad con el poder político.
Los fiscales, si se aprueba la modificación, desplazarán a los jueces del centro de la escena en los Tribunales. Según marca el artículo 88, ahora serán los encargados de llevar adelante las investigaciones y promover las acciones penales. Desde hace años, en ámbitos judiciales se escucha que “los jueces federales están esperando que los kirchneristas dejen el poder para hacerlos desfilar por los juzgados”. Con el cambio, los magistrados deberían seguir esperando o, por lo menos, verán reducida su capacidad de daño. Ya no serán los dueños del reloj.
Además, un aspecto que los jueces critican de la reforma es la reducción de los plazos (artículo 113). Los casos van a tener que durar como máximo tres años, y muchos se preguntan cómo van a llegar, por ejemplo, en los casos donde deban hacer exhortos al exterior, procedimientos que suelen durar como mínimo seis meses. Podría generarse una cascada de prescripciones.
En los tribunales federales, una minoría cree que la resistencia al nuevo código es en realidad una batalla de los jueces contra la quita de poder, y de los fiscales porque ahora se verán expuestos a trabajar más y a rendir cuentas de su desempeño. “Lo malo no es esta reforma. Lo malo somos nosotros”, dijo un funcionario judicial que disiente con la mayoría de sus pares. No es el único.
En las causas donde se investigan denuncias de corrupción, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, aparece como un lugar clave. Es el paso anterior a la Corte y la instancia adonde va a parar la mayoría de las causas. Allí, el Gobierno está pugnando para que un magistrado afín logre ser designado presidente.
Designaciones. La reforma del Código incluye la creación de 1.750 cargos nuevos bajo la órbita de la Procuración General y la Defensoría General. Entre ellos hay 17 fiscales generales, tres de los cuales actuarán en el ámbito de Casación. El procedimiento para designarlos no cambia: el Ministerio Público realiza un concurso y manda un listado al Poder Ejecutivo, que debe elegir alguno de esos nombres y enviarlos al Senado, donde se aprueban con mayoría simple. Por esos concursos, la procuradora ya está siendo cuestionada. Esta semana, Margarita Stolbizer la denunció penalmente para que se investigue su actuación en el concurso 102, sosteniendo que “inexplicablemente los primeros lugares fueron para personas directamente vinculadas al poder político”. La Procuración defiende ese concurso y cree que la denuncia es parte de una embestida de quienes se enfrentan a la reforma.
El Anexo II del proyecto de reforma del Código, donde se enumeran los cargos nuevos a crear, incluye un artículo que le otorga una controvertida potestad al procurador. El artículo 34 lo faculta a decidir la forma en que se asignarán las nuevas causas a las fiscalías, “así como también la redistribución de las existentes”. La procuradora, además, es clave en el control y sanción de los fiscales, situación que remite al proceso que le inició a José María Campagnoli, quien investigaba a Lázaro Báez.
Casación, Procuración, fiscales, jueces, el Gobierno apunta cada vez más fuerte a sumar voluntades judiciales que le permitan reducir riesgos. Y sobre todo en los puestos intermedios, considerando que en la Corte Suprema perderán un hombre clave como Zaffaroni y encuentran dificultades para designar a otro de su riñón.
