Patricia Bullrich y su mano derecha, Gerardo Milman, fueron denunciados por los delitos de administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. La maniobra, según el escrito que presentó ante la Justicia Aníbal Fernández, consistió en “simular contrataciones inexistentes para hacer figurar erogaciones salariales que no reconocen causa alguna, haciéndose del dinero supuestamente abonado a los “agentes” que jamás habrían desempeñado funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”.
La presentación judicial detalla que con la firma de Patricia Bullrich se emitieron distintas resoluciones durante 2017, “mediante las que se contrató, por el término de un año a 18 ‘agentes’ para, supuestamente, desempeñarse en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”. Los haberes de este personal se llegaron a liquidar, pero los empleados de la Agencia Federal de Inteligencia no solo nunca habrían trabajado para esta dependencia, sino que tampoco habrían sido los que recibieron los sueldos. De acuerdo con la presentación judicial, el perjuicio económico contra el Estado por esta maniobra habría sido de $ 1.787.260.
Desde la gestión actual del Ministerio de Seguridad se intimó mediante carta documento a los 18 supuestos contratados para que informen sobre las funciones supuestamente cumplidas en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. “Ante esa citación, comparecieron tan solo tres de las personas citadas, y se entabló comunicación telefónica con una cuarta persona del grupo de supuestos ‘agentes’”, detalla la denuncia que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
“En todos los casos negaron enfáticamente (incluso por escrito) haberse desempeñado en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y/o haber prestado funciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación. En suma, las tres personas, supuestos “agentes” que comparecieron, afirmaron que jamás pusieron “un pie” en el ministerio, incluso ni sabían dónde quedaba la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”, explican los denunciantes.
“Lo que habría sucedido es lo siguiente: los imputados habrían orquestado una operación tendiente a simular contrataciones inexistentes para hacer figurar erogaciones salariales que no reconocen causa alguna, haciéndose del dinero supuestamente abonado a los “agentes” que jamás habrían desempeñado funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; sin poder descartarse, claro está, que esta operatoria haya tenido por objeto el procurarse fondos para el tan lamentable y conocido clientelismo político a través de los también lamentables y conocidos punteros barriales”, dice el texto que detalla que todos los supuestos contratados son de la zona de San Miguel. Una de las sospechas es que el dinero habría sido utilizado para la campaña de 2017. De acuerdo con la denuncia, las irregularidades parten desde el momento de la contratación que no fueron registradas tal como indica el sistema interno.
Esta semana, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Milman fue imputado pro dádivas en otra causa. El fallo de fiscal Carlos Stornelli se refiere a la investigación por tener la tarjeta azul de un vehículo que pertenece a una empresa que fue proveedora del Estado y del ministerio durante su gestión. Además, Milman le facturó a esta empresa montos millonarios.
