A pesar de que el Gobierno se comprometió a mantener la continuidad del personal contratado, la dirección del INDEC admitió que 13 empleados fueron separados de sus cargos en las áreas de inflación y pobreza, pero negó que se trate de "despidos".
La cúpula de la institución encabezaba por Ana María Edwin se desligó de los nuevos problemas que acechan al cuestionado instituto al asegurar que los 13 trabajadores desplazados tenían "contratos transitorios", cuya renovación era "innecesaria".
Esta decisión deja en evidencia una gruesa contradicción entre las intenciones de normalizar el INDEC que desde la Casa Rosada propusieron a los delegados gremiales de la entidad.
Según consta en el inciso c) del acta firmada el 17 de octubre pasado por representantes de la administración de Néstor Kirchner y de los trabajadores, el Gobierno acordó "arbitrar las medidas que instrumenten la continuidad del personal contratado".
Sin embargo, el aire renovador (o continuador) que aportó la victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner aceleró el proceso de normalización de la institución, a tal punto que el mismo día que se comenzó a implementar la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al menos nueve empleados perdieron sus trabajos. Con otros cuatro técnicos ocurrió lo mismo al día siguiente. Curiosamente, muchos de ellos eran declarantes en la causa que investiga la "manipulación" de datos estadísticos.
La explicación oficial de la dirección es que " al 31 de octubre del corriente año vencieron los contratos de ciento cincuenta y tres personas. De dicho total resultaba innecesaria la renovación de trece contratos".
Además, desde las oficinas de Edwin agregaron que en seis casos los contratos fueron acordados en forma directa por el gobierno porteño, mientras que otros seis estuvieron a cargo por el INDEC "bajo la modalidad transitoria prevista en la Ley Marco de Empleo Público".
El mencionado acta-acuerdo también establecía en inciso d) que las autoridades de INDEC iba a "arbitrar las medidas correspondientes para materializar las contrataciones de las personas actualmente vinculadas a los servicios a cargo del referido instituto bajo diversas modalidades, durante el transcurso del presente año".
El documento lleva las firmas de subsecretario de coordinación económica del Ministerio de Economía, Héctor Osvaldo Alonso y del subsecretario de gestión pública de la Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, además de Leopoldo González, Daniel Fazio, Mariano Sánchez Toranzo y Cintia Pok de ATE.
La escueta justificación de la dirección de organismo también aclaró que la decimotercera persona a la que no se le renovó el contrato fue "separada de sus funciones al haberse detectado, por parte de personal de supervisión, notorias irregularidades en el cumplimiento de sus tareas".
Fuente: DyN
