Las relaciones entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la Corte Suprema no transitan su mejor momento. El fallo Sosa y la denuncia al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, leído por la Rosada como un intento de desestabilización; las reuniones con Magnetto con el cuerpo; la demora en los fallos de la Ley de Medios, el cierre de Fibertel y la extradición del guerrillero chileno son temas que destaparon las diferencias entre el máximo Tribunal y la Rosada. A ello, ahora se suma un nuevo elemento: en el presupuesto 2011 hay un recorte de 40 por ciento a los fondos que recibe la Corte. Toda una señal.
El pasado 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011, incluyendo el presupuesto del Poder Judicial de la Nación con un recorte de $778 millones.
Según informó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ), el kirchnerismo plantea quitarle al poder Judicial $778 millones de pesos de su caja. En ese sentido, la más golpeada por la decisión del Ejecutivo fue la Corte con un merma del 39 por ciento ($355 millones), mientras que el Consejo de la Magistratura -que en 2011 ya no contará con mayoría oficialista después de los triunfos de Alejandro Fargosi (abogados Capital), Ricardo Recondo (jueces) y Daniel Ostropolsky (abogados del interior)- percibirá un 12 por ciento menos de dinero ($423 millones).
Esta quita al presupuesto de la Corte está reflejada especialmente en el recorte de los créditos presupuestarios para las obras proyectadas por el Alto Tribunal: el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la Refacción del Palacio de Tribunales, y en los cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer.
El Poder Judicial de la Nación representa el 1,2 por ciento del Presupuesto Nacional del año 2011 y contribuye en un 45,5 por ciento en el resultado financiero del mismo. Expresado en cifras, el Poder Judicial de la Nación aporta $724 millones de los $1.593 millones del superávit financiero previsto en el Presupuesto Nacional.
Este desfasaje es aún mayor si se compara el Presupuesto Nacional con el presupuesto de la Corte. El presupuesto de esta última, que es de $918 millones, representa un 0,25 por ciento del Presupuesto Nacional y aporta con su superávit $403 millones al resultado financiero, es decir cubre un 25,3 por ciento del mismo.
En el Presupuesto de este año, el Poder Judicial de la Nación aporta el 37,3 por ciento del superávit del Presupuesto Nacional 2010. Se puede concluir que el Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sufre la inmovilización de sus recursos para poder generar el superávit del Presupuesto Nacional.
Asimismo, quedan bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de Ministros la disposición del 17 por ciento de los recursos propios que el Poder Judicial de la Nación tiene asignado por ley para el año 2011. La dependencia que maneja Aníbal Fernández decidirá decidirá sobre ese 40% de los recursos propios del Máximo Tribunal para el 2011 y sobre la totalidad de los remanentes de recursos del Poder Judicial.
Otro dato sensible es que la Cortereclamaba un aumento presupuestario del 38 por ciento debido a la inflación, mientras que el Consejo de la Magistratura pedía un 52 por ciento más de fondos que en 2010. Ninguno de los dos cuerpos judiciales cuya relación con el kirchnerismo ha comenzado a exhibir grietas profundas recibirá lo que pedía, sino todo lo contrario.
