El Gobierno decidió meterse de lleno en la polémica en torno a las millonarias indemnizaciones que cobraron familiares de guerrilleros que murieron en ataques realizados durante un mandato constitucional. Ayer, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió en su despacho a Jovina Luna, la hermana de un conscripto asesinado en 1975 en el intento de copamiento de Montoneros al Regimiento de Monte 29 en Formosa, quien presentó una denuncia ante la Justicia por el supuesto fraude en esos pagos.
Luna deberá presentarse el próximo miércoles en el juzgado de Daniel Rafecas para ratificar la denuncia por la que acusó de defraudación al Estado, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de sus deberes a ex funcionarios y particulares que, según sostiene, permitieron que se incorpore al listado de víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que murieron en ataques cometidos durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Allí incluye a quienes antecedieron a Avruj en su cargo, como Martín Fresneda, Eduardo Luis Duhalde o Diana Conti.
La reunión se realizó luego de que el propio Mauricio Macri le pidiera al secretario de Derechos Humanos que se interiorizara en el caso. El hermano de Luna, Hermindo, es uno de los 12 militares caídos en el ataque que Montoneros realizó al cuartel formoseño el 5 de octubre de 1975. En ese enfrentamiento murieron 13 guerrilleros, de los cuales por lo menos nueve fueron incluidos en los listados de víctimas del terrorismo de Estado, lo que les valió que sus familiares cobraran cuantiosas indemnizaciones (se estima que serían unos $ 60 millones a valores actuales) y también que sus nombres figuraran en el Parque de la Memoria.
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La propia Luna asegura que su objetivo no es recibir un resarcimiento. “Yo quiero que se haga justicia. No puede ser que los asesinos de mi hermano sean tratados como héroes”, sostiene. No obstante, hay un proyecto de ley, impulsado por el diputado de Cambiemos por Formosa Mario Arce, de reparación a los soldados que cayeron en la toma del regimiento. Avruj, además de anunciarle que desde el organismo empezaron a investigar sobre el pago indebido de indemnizaciones, también se comprometió a darle impulso a la iniciativa.
“Le informé (a Luna) que, habiéndome anticipado ella la denuncia, ya efectuamos el respectivo pedido de auditoría interna para echar luz sobre lo actuado”, expresó Avruj al término del encuentro, del que también participó Rogelio Mazacotte, otro conscripto que participó del hecho y terminó herido de tres tiros en el abdomen. “Tanto el ministro Garavano como el Presidente están debidamente informados”, agregó.
La Ley 24.411 es la que habilitó el pago de indemnizaciones para familiares de desaparecidos o de víctimas del terrorismo de Estado. Luego se extendió también para aquellos que sufrieron un exilio forzoso. Sin embargo, nunca se incluyó a quienes se alzaron en armas contra un gobierno constitucional. En total, hasta mayo de 2019, se habían pagado 7.907 por un monto actualizado de $ 61 mil millones.
