El Gobierno también insiste en que jueces y fiscales muestren sus bienes

Desde el Gobierno decidieron meterse en la discusión sobre las declaraciones patrimoniales que los jueces no hacen públicas, aunque “respetando el diálogo institucional entre los poderes”. La sensible relación con la Corte Suprema obliga a medir cada paso.

Así lo reconoció la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien afirmó que están esperando la prometida respuesta de la Corte Suprema a su carta en la que solicita que los jueces del máximo tribunal también suban a la web del organismo la información sobre sus bienes y depósitos.
Ayer, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que respaldan a Horacio Rosatti, el único que presentó su declaración ante la OA. Aseguran que lo hizo durante el proceso previo al ingreso a la Corte, como también Carlos Rosenkrantz.

Desde la OA, sin embargo, aseguran que Rosenkrantz lo pudo haber presentado ante el Ministerio de Justicia pero no ante ese organismo, como sí lo hizo Rosatti. Sospechan que le salió naturalmente por su pasado como legislador y funcionario.

Ahora, según el comunicado, “se sujetaron al régimen específico de presentación de declaraciones juradas de la acordada dictada oportunamente por la Corte”. Es decir, que sólo puede acceder alguien que haga un pedido especial y fundamente los motivos.

Pero la mira del Gobierno no está puesta sólo en la Corte. La carta de la OA donde solicita que publiquen sus declaraciones juradas también fue enviada al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal, que comanda Alejandra Gils Carbó. Ningún juez ni fiscal presentó esa información. Ni siquiera cuentan con una oficina de ética propia. “¿Quién controla si hay conflicto de intereses en el Poder Judicial?”, preguntan, como ejemplo, en la OA