Durante años hubiese sido impensado. Pero ocurrió: una cumbre secreta entre Pablo Moyano, el más combativo del clan familiar, y Máximo Kirchner terminó de sellar lo que será la marcha del 22 de febrero contra el Gobierno. Ante esto, el oficialismo trabaja, de manera silenciosa, para que se concrete la división de la CGT y aislar a Hugo Moyano.
La estrategia oficial viene dándose desde que el líder camionero decidió embarrar la discusión por la reforma laboral y, en particular, desde que pasó a la ofensiva contra la Casa Rosada por, según interpretan, las causas judiciales que pesan contra él y su entorno más íntimo.
Es más: Mauricio Macri, junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, doblaron la apuesta contra los sindicatos díscolos y encararon una serie de ochenta auditorías (ver aparte) para verificar con lupa el estado contable de los gremios. Entre los sindicatos que comenzarán a recibir las notificaciones está anotado, por supuesto, Camioneros.
“La división de la CGT ya está, es un hecho, pero se va a ver el 22 de febrero”, apunta ante PERFIL uno de los funcionarios que suele reunirse con los gremios desde el comienzo de la gestión. Y recuerda los mensajes que le llegaban a Triaca desde un sector de los sindicatos cuando, en la última marcha, hubo trompadas en la Plaza de Mayo y reclamos cruzados en el palco. “¿Cómo van a evitar cagarse a trompadas el 22F?”, agrega la fuente oficial. Y completa con un dato empírico: la última foto donde se anunció la marcha mostró a Pablo Moyano con dos de los tres triunviros de la CGT, todos apoyados por los gremios kirchneristas como Ctera (con Roberto Baradel) y Bancarios (con Sergio Palazzo, quien ya tiene dos paros anunciados). En esa foto, salvo el histórico líder de los municipales porteños, Amadeo Genta, hay sindicatos con pocos afiliados: Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento (500); Carlos Acuña, empleados de estaciones de Servicio (5 mil); o Víctor Santa María, de los porteros de edificio (10 mil).
En la Casa Rosada aseguran que los gremios más importantes que representan a más de la mitad de los delegados de la CGT no estuvieron: los “gordos”, los “independientes” y las 62 Organizaciones.
Ahora bien, ¿qué propone el Gobierno en este contexto? En primer lugar, adecuar los convenios colectivos de trabajo, cerrar las paritarias sin grandes estridencias ni conflictos, abrir el debate por la reforma laboral, reordenar los papeles de los sindicatos y, por supuesto, la liberación de fondos para obras sociales. De esto ya saben desde Uatre (peones rurales) pasando por la Uocra de Gerardo Martínez, Obras Sanitarias de José Luis Lingeri (estos dos últimos beneficiados por el crecimiento de la obra pública), o los vinculados con el sector energético. Todo esto, además, redundaría en otra cuestión: aislar a Moyano progresivamente.
“Estamos en una situación parecida a la del año pasado, cuando (Luis) Barrionuevo los convocó y comenzaron a darse manija para hacer un paro, pero no tenían claro para qué”, confía otra fuente macrista. Y añade: era un contexto económico “mucho peor”: inflación de más de 30% y no levantaba el empleo registrado. “Hoy hay una inflación controlada, récord de empleo por encima de 2015, entonces no hay un contexto para semejante quilombo. Si después del 22F convocan a un paro, ¿cuál va a ser la explicación?”, concluye. Según datos que atesoran en la cartera laboral, los niveles de conflictividad sindical en 2017 fueron los más bajos desde 2011.
Moyano versus Macri. En este marco, la pelea con Moyano va en serio: no habla con Triaca desde el 9 de enero, cuando inauguraron juntos un sanatorio de la obra social de Camioneros. Ese día estaba Liliana Zulet, la mujer de Hugo, quien ese día se mostró enfáticamente a favor de la reforma laboral, y Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño y habitual interlocutor del cacique sindical. Moyano le envió mensajes vía gremialistas aliados a Triaca, pero no hubo señales de distensión ni mucho menos.
“Todo se rompió cuando Hugo no vio la propuesta del Presidente sobre la Argentina del futuro: adecuar su actividad a lo que demanda la Argentina que necesita exportar más y bajar los costos del transporte”, describen en el oficialismo. En otras palabras: adaptar los convenios del sector del transporte para bajar lo que en el Gobierno consideran “costos innecesarios a la producción”.
“ AMoyano solo le interesaba el tema OCA (la empresa de Correo que defiende como propio)”, agregan en el Gobierno. “Y ahora hace una marcha para defenderse a sí mismo”, concluyen.
Se lanzan ochenta auditorías
Las auditorías masivas que prepara Trabajo para los gremios serán, en una primera tanda, ochenta, una cifra mayor a la que inicialmente había trascendido. Tal como anticipó PERFIL hace tres semanas, la cartera laboral comenzó a enviar intimaciones a un grupo de sindicatos para que regularicen sus papeles ante la Dirección de Asociaciones Sindicales.
En un comienzo iban a ser dos tandas de 25, pero Triaca decidió incrementar el número de la primera tanda: serán ochenta sindicatos que deberán responder por distintos faltantes e irregularidades. “Se están mandando todos los requerimientos y ellos ahora deberán responder, a partir de ahí se largan las auditorías”, explicaron a este diario en el Ministerio de Trabajo.
Entre otras cuestiones, se les piden memoria y balance. “Detectamos falencias y faltantes, por ejemplo faltan balances de uno o dos años, o certificados”, explican fuentes oficiales. “Los primeros 25 se van a examinar, y luego habrá otras dos tandas”, agregan. La dilación no es política ni una estrategia para negociar: no hay tantos contadores ni expertos en cuestiones administrativas en la cartera laboral que trabajen para la dependencia encargada de las auditorías. De hecho, en las últimas semanas se sumaron especialistas para colaborar en la tarea.
Un dato central: entre otros gremios, Camioneros es uno de los tantos sindicatos que serán auditados. Toda una señal.
