En el coloquio Idea, donde se tomó la idea de cambio cultural como eje, el Gobierno encontró un escenario ideal para presentar la agenda política-judicial del oficialismo. Fue una oportunidad de responder al desafío que planteó Elisa Carrió con su pedido de Juicio Político al ministro Germán Garavano y su denuncia de un posible acuerdo de impunidad.
El presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y cada uno de los ministros, secretarios y legisladores que pasaron por el foro organizado esta semana en la ciudad de Mar del Plata buscó mostrar a una gestión que está liderando la lucha contra la corrupción. Uno de los más entusiastas fue Mariano Federici, titular de la UIF, quien participó ayer de un panel sobre justicia.
“Emerge de las causas penales que el país estuvo gobernado por una organización criminal”, disparó el funcionario, muy activo en varias de las causas judiciales más calientes como los Cuadernos y las causas contra la familia Moyano. Dijo que “el poder, desde su máxima expresión estuvo en manos de una organización criminal dedicada a lucrar a costa de los argentinos”. Luego recibió aplausos cuando dijo que se habían congelado una cuenta de 20 millones de dólares perteneciente a Carlos Wagner, el empresario que está en el centro de las denuncias de los cuadernos, enfrentado históricamente con la dirección de Idea.
En el inicio del coloquio, la gobernadora Vidal había puesto el acento en la lucha contra las “mafias”, relevando números de operativos policiales en la Provincia. Su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, repasó el jueves los proyectos de reforma de la Justicia provincial, como “el cambio en el sistema de enjuiciamiento, que ya es ley, y la de designación de magistrados que tiene media sanción y va a ser aprobada pronto”. Ninguno de los dos se refirió a la polémica que generó el contrapunto entre el fiscal Sebastián Scalera y el juez Luis Carzoglio por el caso de Pablo Moyano.
En los pasillos, también se repitió la defensa de la política gubernamental en materia de corrupción. El secretario de Agroindustria, Miguel Etchevehere, también reivindicó la política oficial en diálogo con PERFIL al recordar que “este mismo gobierno impulsó la ley del arrepentido que está facilitando este accionar, que está llevando adelante la Justicia y que sin duda tiene que ir hasta las últimas consecuencias”. Este tipo de expresiones se repitieron entre todos los funcionarios consultados. Una excepción fue el único integrante del oficialismo presente que también conoció el otro lado del mostrador. El ex juez y actual diputado nacional Guillermo Montenegro marcó un contraste al decir: “Creo que tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente, me parece que no tenemos que correr el eje y hay que dejar trabajar a la Justicia, para que tome las decisiones que corresponden”.
Más allá de este matiz, todos evitaron el espinoso tema del desafío que lanzó Carrió. Quien sí habló de ella, fue Guillermo Lippera, presidente del Colegio de Abogados, quien pidió un aplauso por su “valentía” como denunciante. Los empresarios aplaudieron, pero de un modo mucho más tibio que el que recibieron los funcionarios que exaltaron la política anticorrupción del Gobierno.
*Desde Mar del Plata
