El 7 de diciembre de 2010 miles de personas tomaron el Parque Indoamericano, ubicado en el sur de la Capital Federal. El saldo fue de 3 muertos, decenas de heridos y una causa judicial que prometió complicar a 45 policías y hasta una jueza. La investigación fue cerrada en marzo de este año.
El conflicto también incluyó una ridícula pelea entre el Gobierno nacional y de la Ciudad para desligar responsabilidades. En el medio, una crisis habitacional, el reclamo de seguridad y la ocupación de espacios públicos.
Un año después el parque de 130 hectáreas permanece cerrado por las obras de remodelación del gobierno porteño. Pero entre sus vecinos la bronca sigue intacta: los de Lugano no quieren saber nada con las más de 250 familias que viven del otro lado, y que participaron de la toma del predio.
Cecilia tiene 56 años y vivió a dos cuadras del parque toda su vida. Para ella lo que sucedió el año pasado “fue terrible”. “Nos tomaron el parque y dejaron todo sucio. No podíamos salir de casa”. Ahora está más tranquila porque hay rejas y nadie puede entrar. Eso será hasta que el Gobierno de la Ciudad inaugure las obras con juegos. Desde el gobierno porteño estimaron que será en los primeros días de diciembre. Pero a Cecilia eso no la tranquiliza: “Va a durar muy poco hasta que rompan todo”.
Carlos es playero de la estación de servicio YPF que está en la rotonda lindera al parque. “Antes, jugaban al fútbol adentro del parque. Ahora, como está cerrado, vienen a la rotonda. Hacen destrozos”, se queja.
Para otro vecino que transita hace más de 30 años por esa zona, ese no es el problema. La convivencia es posible: “La plaza no es nuestra. Hay que acostumbrarse a compartir el espacio”.
Al otro lado de la avenida Castañares, que rodea el parque, está la Villa 20. Tiene alrededor de 40 mil personas. Allí viven hacinadas casi todas las familias que llegaron al Indoamericano para quedarse.
Una de ellas es Mariela que le reconoció a Perfil.com que ella participó en las tomas porque “vi que iban a entregar lotes e intenté quedarme con uno”. Tiene tres hijos y está separada. Al igual que sus vecinos, lamenta la discriminación que hay desde que sucedieron los hechos en 2010: “Nos miran mal, quieren que te vayas”.
A 12 meses de la violencia, la posibilidad de que los hechos se repitan está latente.
(*) de la redacción de Perfil.com.
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