El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, uno de los principales investigadores de supuestas irregularidades en el Gobierno, denunció ayer ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi, haber recibido llamadas telefónicas amenazantes.
Según relató, el pasado domingo recibió en su casa una llamada telefónica en la que dos hombres le dijeron "haber secuestrado por error a su madre y su hermana" y pedían “un rescate de 50.000 pesos”.
Los desconocidos condicionaban la liberación de sus familiares a que hiciera personalmente lo que le indicaran, informó la AGE en un comunicado.
Le indicaron que comprara "una tarjeta para llamar, desde un locutorio, a un celular (le dieron una numeración incompleta) donde podría hablar con sus familiares". Y lo amenazaron diciéndole que si no salía, más tarde iba a retirar a sus familiares, "en la Morgue Judicial".
La llamada duró hasta que Despouy, con la ayuda de un vecino, pudo verificar que su madre y su hermana estaban a salvo, informó el diario La Nación.
Enterado de la denuncia, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se comunicó con Despouy al igual que el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, que se comprometió a aportar al presidente de la AGN toda la información que se fuera obteniendo sobre el caso.
Aunque no está confirmado no se descarta que los llamados tengan vinculación política. Horacio Pernasetti, otro de los auditores de la AGN, relacionó el hecho con las amenazas que recibieron los periodistas Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevechia.
Además, según se informó, colaboradores próximos a Despouy también recibieron en estos días e-mails anónimos amenazantes.
Cabe señalar que la semana pasada, en su rol de relator especial de la ONU, Despouy presentó informes ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo respecto de los efectos positivos de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.