El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid será el encargado de investigar si el texto de la Ley de Servicios Audiovisuales fue modificado después de su aprobación en el Senado, previamente a su publicación en una edición extra del Boletín Oficial.
La denuncia por los presuntos delitos de “falsificación de documentos” y “violación de los deberes de funcionario público” fue presentada por el abogado Luis María Llaneza. Según el penalista, la fe de erratas utilizada para corregir el texto de la ley, una vez sancionado por el Congreso, se realizó “con total desconocimiento de todos o algunos de los diputados y senadores, publicándose en el Boletín Oficial a los efectos de darle validez y aplicabilidad”.
En su denuncia, Llaneza asegura que “el procedimiento no es el correcto en atención a que siguiendo lo establecido en nuestra Carta Magna, las correcciones debieron hacerse mediante una nueva ley, y no como se hizo en atención a que se publicó una ley distinta a la que fue aprobada por el Congreso”.
