El juez federal Luis Rodríguez ordenó ayer relevar las llamados entrantes y salientes del ex ministro de Energía durante el macrismo Juan José Aranguren y de la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) en esa misma gestión, Laura Alonso. La medida del magistrado se dio en el marco de la investigación por supuestas negociaciones incompatibles de esa gestión con la empresa Shell, de la que Aranguren fue miembro y poseía acciones.
Aranguren y Alonso habían sido indagados y procesados a fin de año pasado, pero en febrero último, luego de sus respectivas apelaciones, la Sala II de la Cámara Federal anuló los procedimientos y les dictó la falta de mérito, por lo que siguen siendo investigados. En la misma resolución en la que dictaron esa medida, los camaristas Martín Irúrzun y Leopoldo Bruglia también le sugirieron varias medidas a Rodríguez, entre ellas el análisis de llamadas.
Las comunicaciones bajo la lupa apuntan a conocer los contactos de las líneas que tuvieron asignadas Aranguren y Alonso entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.
La causa contra Aranguren y Alonso se inició tras una denuncia de los legisladores del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, en 2016. A partir de allí comenzó la investigación tendiente a determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en las decisiones tomadas que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista. En tanto que en el caso de Alonso, se apuntaba a si, como titular de la OA, habría encubierto su conducta.
“Ciertamente hay interrogantes que resulta imprescindible realizarse. Pero el expediente muestra que los encargados de investigar aún no se los han formulado. Menos todavía, los han contestado”, sostuvieron Irúrzun y Bruglia. “El principal tiene que ver con la posibilidad de involucramiento de Aranguren en aras de beneficiar a la empresa”, especificaron y agregaron que, “para obtener indicios conducentes –en uno u otro sentido–, era (y es) necesario dilucidar si los pedidos de adquisición de cargamentos se compadecían con la necesidad estructural de abastecimiento de energía del país, si las contrataciones se produjeron siguiendo las regulaciones aplicables y las recomendaciones efectuadas por YPF –o, en su caso, si Cammesa se apartó de ellas–, si participaron todos los actores pertinentes y dentro de un procedimiento de selección previa, competitiva y abierto”, agregaron.
