El ministro de Salud, Juan Manzur, es uno de los funcionarios más ricos del Gobierno. Pero a partir de ahora podrá jactarse de otro récord: es uno de los que se enriqueció más rápidamente, porque sus bienes crecieron 24 veces en apenas ocho años. En 2003 declaró un patrimonio de $ 370 mil y en 2011 informó la cifra millonaria de $ 9.466.836, lo que significa que su fortuna subió más de 2.400 por ciento.
El elemento clave que permite esta comparación es su declaración jurada de 2003, que presentó cuando asumió como funcionario tucumano y que el gobierno de esa provincia intentó guardar bajo llave porque tiene carácter de “secreta”, gracias a una antigua norma provincial que contradice los principios más básicos de transparencia del Estado.
El dato fue revelado la semana pasada por el diario regional La Gaceta, en el marco de una extensa investigación periodística que brindó detalles inquietantes sobre las propiedades de Manzur, quien al mismo tiempo es vicegobernador –en uso de licencia– de Tucumán y una persona de gran confianza del gobernador, José Alperovich.
Este hombre que logró progresar velozmente es un médico de 43 años, que proviene de una familia sencilla de origen libanés y que desde hace tiempo maneja presupuestos millonarios en el sector de la salud, un área clave del Estado porque se encarga de la atención médica que reciben todos aquellos que no pueden pagar la medicina privada. “Tengo todas mis declaraciones en regla”, se defendió ayer el ministro.
Los documentos que ponen en evidencia el enriquecimiento fueron presentados por el propio Manzur. El primero lo entregó al gobierno tucumano en el año 2003, cuando tomó el puesto de ministro de Salud de ese distrito. Lo hizo obligado por la ley provincial 3.981, que exige a los funcionarios más importantes informar el patrimonio de su grupo familiar.
Sin embargo, la anticuada norma fue aprobada en 1973 y establece una condición que hoy suena insólita: les confiere un carácter “secreto” a los bienes de los integrantes del gobierno. El requisito choca abiertamente con los actuales paradigmas de combate a la corrupción, presentes en leyes nacionales como la Ley de Etica Pública.
