Son kirchneristas. Quieren volver al pasado. No representan a la mayoría de los argentinos que votaron un cambio. Palabras más o menos, esos suelen ser los argumentos que el Gobierno utiliza cada vez que una manifestación masiva copa las calles o una iniciativa votada por la mayoría en el Congreso, como sucedió esta semana con la ley antitarifas, incomoda sus planes.
Pero la idea de deslegitimar cualquier reclamo que se convierte en movilización masiva no es propiedad de Cambiemos. Cuando las marchas de estudiantes, jubilados y trabajadores empezaron a jaquear a Carlos Menem en su segunda presidencia, el riojano acusaba al por entonces incipiente Quebracho de Fernando Esteche de estar detrás de las protestas que buscaban derrocarlo. Más cerca, Cristina Kirchner veía a señoras golpistas de Barrio Norte detrás de los cacerolazos que sonaban cada vez más fuerte hacia el final de su segunda presidencia.
La idea de medir el éxito de un creciente malestar social según la repercusión en los medios, muchos de ellos condescendientes cuando de estas cuestiones se trata, puede resultar peligrosa, aun para un gobierno que trabaja con especialistas para medir el humor social. Una calle cada vez más poblada de sectores descontentos es el escenario ideal para quien logre capitalizarlo. Y uno de sus mejores ejecutores se está rearmando.
