El plan de CFK hasta abril: pactar con una mano y pegar con la otra
La Presidenta despliega una nueva estrategia para llegar al segundo trimestre en paz. Está dispuesta a consensuar algunos temas mientras su tropa fustiga a los enemigos.
El Gobierno intentará “pasar el verano” para luego procurar llegar al Mundial con los principales conflictos sociales y políticos, como mínimo, aplacados.
La estrategia se basa en golpear políticamente pero negociar por lo bajo. Golpear a la CGT oficialista por criticar la inflación y la pobreza, dejar correr las teorías sobre conspiraciones internas y externas; y paralelamente arreglar con el Club de París, acordar con los gremios afines para ponerles un techo a las paritarias o aumentar tarifas de servicios públicos.
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Como paradigma de la estrategia que circula en distintos sentidos: incentivar acuerdos de precios con supermercados y electrodomésticos, y a la vez escrachar con nombre y apellido a sus dueños culpándolos de la inflación.
A este contexto se le suma la creciente conflictividad social, producto de los reclamos gremiales que son el panorama con el que se enfrenta el kirchnerismo en los próximos meses. Barreras difíciles de sortear mientras surgen rumores de renuncias en lo más alto del poder, como en el caso del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Atada a esta versión, la salida de Marcelo Tinelli como socio estratégico del relato se sumó como otro símbolo de los vaivenes que subyacen en la Casa Rosada.
En lo económico, la principal hipótesis que manejan en el Gobierno es que habrá dos momentos clave en los próximos meses que deberá sortear. En primer lugar llegar a abril, cuando se terminen de liquidar las exportaciones de soja e ingresen dólares frescos al mercado. El Gobierno intenta que el dólar deje, progresivamente, de ser un tema de tapa de los diarios. También, en principio, para ese mes se habrán empezado a encaminar las discusiones paritarias en, al menos, una parte de los sindicatos afines al kirchnerismo.
Además, supondrá, creen en el Gobierno, un momento de consumo (uno de los componentes del “modelo”).
Mientras Cristina Kirchner golpea políticamente a los empresarios y a los gremialistas que pretenden subas superiores al 25%, en lo económico negocia con ellos para sostenerse, vía acuerdos de precios o vía reuniones con la CGT oficialista.
Tras retar públicamente a Antonio Caló, el líder metalúrgico de la central obrera afín al kirchnerismo, CFK lo citó el miércoles pasado por la noche y le pidió que no repitiera sus críticas al Gobierno por la pobreza y la inflación. “Las críticas deben hacerse hacia adentro”, le dijo, palabras más, palabras menos.
Sobre conspiraciones. El panorama político parece extraído de la crisis de 2009, cuando el campo y el contexto internacional complicaron las aspiraciones del kirchnerismo y llevaron al desgaste de la figura de CFK. Sin embargo, la situación actual se presenta más compleja aún, con una presidenta que debe deambular por médicos semanalmente y un presunto vacío de poder.
Al igual que el efecto que supuso la Resolución 125, las teorías sobre conspiraciones volvieron a ser un tema central para el kirchnerismo. Los rumores sobre una salida anticipada de Cristina Kirchner y una crisis institucional, producto además de que el vicepresidente está muy complicado en la Justicia tras el llamado a indagatoria por el caso Ciccone el viernes, son motivo de preocupación.
Así lo expresaron los intelectuales de Carta Abierta, reunidos ayer en la Biblioteca Nacional. Allí plantearon que está en marcha un golpe y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene disponibles para neutralizarlo. En materia económica plantearon, como en el primer peronismo, nacionalizar las exportaciones (para que no se equipare el precio internacional al local) y una junta de granos que absorba todas las ventas de particulares y empresarios del agro.
En el Gobierno no creen, a ciencia cierta, que una renuncia o pedido de licencia de CFK sea algo que pueda suceder, ya que –sostienen– no están dadas las condiciones políticas ni sociales para ello. Esta semana, sindicalistas como Luis Barrionuevo o Hugo Moyano, y dirigentes opositores, expresaron públicamente la hipótesis de elecciones anticipadas.
De todas formas, el clima de conflictividad social se siente. Tuvo una primera alerta en diciembre del año pasado, cuando comenzaron los acuartelamientos de los policías que, además, terminaron con aumentos salariales que hoy son el principal argumento que ponen docentes, estatales y trabajadores de la salud para reclamar en paritarias.
En este marco, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Educación, Alberto Sileoni, trabajan para que Ctera, principal gremio docente alineado al kirchnerismo, modere sus reclamos. La paritaria nacional docente fija el piso de las negociaciones provinciales.
Otro frente abierto son los acuartelamientos de la policía. El Ministerio de Seguridad dispuso un monitoreo permanente de los casos más complejos (Córdoba, Chaco y Entre Ríos) y tiene preparada la Gendarmería para casos de emergencia.
La conflictividad social será central para la gobernabilidad. Lejos de Clarín, el PJ o las empresas, el futuro de la economía podría ser el conspirador número uno.
