En medio de la polémica que desató el papa Benedicto XVI, quien instó al Gobierno nacional a reducir el “escándalo de la pobreza”, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 14 de agosto un ambicioso plan de fomento y creación de cooperativas para generar 100 mil puestos de empleo en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires, con una inversión inicial de $ 1.500 millones. Ese día afirmó que el trabajo es “el mejor antídoto contra la pobreza”. Sin embargo, a un mes del lanzamiento el plan está casi paralizado y los pocos avances logrados ya muestran serias irregularidades.
Pese a haber sido anunciado en agosto, el proyecto está inspirado en el Programa de Inversión Social (PRIS), lanzado dos meses antes por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuya ayuda “se aplicó de manera clientelar” durante la campaña electoral, según denuncian las organizaciones sociales. En este período, varios intendentes firmaron convenios con organizaciones barriales y de desocupados para que a través de cooperativas trabajen en la producción, conservación y mantenimiento de la red vial, servicios de agua, cloacas y construcción de viviendas.
A tres meses de la inauguración del proyecto, a muchas cooperativas aún no les abonaron los $ 1.350 correspondientes por beneficiario, y a algunas se les pagó sólo un mes, casualmente dos días antes de los comicios del 28 de junio (ver facsímil), pero después no volvieron a recibir más dinero. “Unos pocos cobraron antes de las elecciones, pero julio, agosto y septiembre no se les pagó, y la mayoría de las cooperativas están paralizadas esperando comenzar a trabajar”, explicó a PERFIL Evangelina Barrera, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Berisso.
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