El Ministerio de Defensa trabajó en el desarrollo de un proyecto secreto para crear un “sistema para clasificar e identificar” supuestos intrusos en redes informáticas; lo hizo con la asistencia técnica y económica de la Subsecretaría de Defensa para la Adquisición, Tecnología y Logística, dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El acuerdo se firmó hace seis años, pero todavía hay una deuda de más de cien mil dólares que llegaron del Pentágono y la Argentina nunca usó.
Se trata del Proyecto I-Profiler, y su objetivo era el de “proteger el sistema de inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas”, confió a PERFIL un ex funcionario del Ministerio de Defensa. Para que llegara la partida económica de Washington se involucró el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) y Funprecit, una fundación que se dedica a la transferencia de tecnología, la enseñanza de las ciencias y la gestión de subsidios, controlada por Horacio Ernesto Bosch, un octogenario jubilado.
El acuerdo entre la cartera que dirigía Nilda Garré y el Departamento de Defensa estadounidense se firmó el 7 de septiembre de 2007, y en diciembre se inició la operación de transferencia. Entre idas y vueltas “por discusiones por el proceso de encriptación de datos con Estados Unidos”, el convenio fue cancelado en septiembre de 2009 “hasta nuevo aviso”.
“Nosotros tenemos el dinero que mandó Estados Unidos en una cuenta corriente que era afectada para ese proyecto que creo que era de seguridad informática, se llamaba Profiler o algo así. No sé por qué se canceló el contrato, pero la plata está ahí”, explicó Bosch a PERFIL. La fundación, según aclaró su secretario general, “sólo se dedicó a administrar el fondo, pero nadie lo tocó”.
Bosch insiste en que “los fondos no fueron tocados” y dice desconocer si llegó a haber transferencia de tecnología por parte del Pentágono. “Estados Unidos no acepta que se le devuelva el dinero, y lo tenemos ahí”, remarcó el jefe de la fundación que administra fondos fiduciarios y gestiona subsidios.
Un informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN) reza que “la manifestación del interés de EE.UU. en el proyecto se materializó con la remisión de US$ 100.400, que fueron ingresados en la unidad de vinculación tecnológica Funprecit”. El documento no detalla los alcances del Proyecto I-Profiler y sólo indica que “se trata de un proyecto destinado al desarrollo de un sistema para clasificar e identificar intrusos de redes informáticas”, y que el convenio se firmó entre la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
En mayo de 2009, el entonces subsecretario de Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa, Andrés Carrasco, decidió “devolver los fondos aportados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos”. Sin embargo, según se lee en el informe de la AGN, “la remesa no fue devuelta constando que el 22 de enero de 2010, el presidente de Citedef (Eduardo Fabre) instruyó la suspensión hasta nuevo aviso de la devolución de los fondos, en función de estar gestionando un acuerdo con el citado Departamento, para un nuevo destino de los mismos y solicitó que sean colocados en un plazo fijo mensual renovable automáticamente”.
¿Qué nuevo acuerdo se encontraba gestionando Fabre con los EE.UU.? Es un secreto dentro de Defensa. Otra pregunta sin respuesta: ¿El Pentágono transfirió la tecnología que se prometió? A un especialista en telecomunicaciones y con peso dentro de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) le “corrió frío por la espalda” cuando PERFIL le consultó sobre el acuerdo caído entre el Edificio Libertador y el Pentágono: “Desconozco la existencia del Proyecto I-Profiler, pero cualquier convenio similar debe ser homologado con la CNC”. Además, sembró la duda: “El proyecto puede ser violatorio a las leyes de inteligencia y seguridad interior”.
