“Estamos en la foto”, celebraban los administradores gubernamentales, en diciembre del año pasado, su reunión con el flamante secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Aquel encuentro de presentación con uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada se coronó con una foto grupal. De esa reunión no trascendió demasiado. Solo que la meta era acercar posiciones con la nueva administración para ser partícipes de la reforma del Estado en la que Beliz estaba trabajando. Aquel plan original no se concretó aún por completo: al contrario, el rediseño chocó con las habituales pujas internas por ocupar espacios y hoy todavía hay directores de áreas sin firma.
Pese a ello, no todo fue malo para los administradores gubernamentales. Dos meses después de aquella cita, Alberto los incluyó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias: “Necesitamos un Estado activo, con nuevas capacidades. Y esas nuevas capacidades tienen que ser reconocidas y promovidas a partir de las mejores expresiones que hoy ya existen en la administración pública nacional”, señaló. Y anunció “el relanzamiento de un sueño que Raúl Alfonsín, en los albores de nuestra democracia en 1983, tuvo: el Cuerpo de Administradores Gubernamentales (CAG)”.
En rigor, el CAG representaba el sueño tecnocrático del despertar democrático, una camada de cuadros renovadores, ultracapacitados, reclutados a través de un proceso de selección competitivo con una estricta formación posterior para constituir el entretejido orgánico del Estado más allá de los cambios de mando políticos. Alfonsín soñaba con llegar a mil gerenciadores de máximo nivel, sin sesgos partidarios. Pero de los 9.153 aspirantes originales apenas egresaron 207. Y de ellos, solo quedan unos setenta en funciones. Menem cerró la puerta a nuevas incorporaciones y los confinó a una paulatina extinción.
Pese a ello, siguieron activos. Nucleados en una asociación civil, tendieron puentes, a partir de los 2000, con otras instituciones vinculadas a la gestión pública. Y formaron parte, desde los bastidores, de diversas empresas políticas en la última década y media, desde la coordinación del Diálogo Argentino, entre 2002 y 2003, a las intervenciones federales a las provincias de Corrientes y Santiago del Estero, así como el apuntalamiento de programas del tipo Conectar Igualdad o la reestructuración de diversos organismos como el Invap, el Indec y el Senasa. Otra vez, la crisis de los últimos años y el achicamiento del Estado que promovió el macrismo pusieron un límite a su sueño de enrolar nuevas camadas. Es la ilusión que recuperaron el domingo pasado.
Perfil tecnocrático. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció que este año se convocará a una edición actualizada de selección y formación del viejo cuerpo de técnicos estatales bajo un nuevo rótulo: Programa de Innovadores de Gobierno. Inspirado en la histórica Escuela Nacional de Administración francesa (ENA), de la que emergieron primeros ministros y presidentes, el plan original contemplaba una única modalidad de ingreso mediante concurso y la aprobación posterior de un programa multidisciplinario –derecho público, economía, gerenciamiento, sociología y demás– a lo largo de 24 meses de dedicación exclusiva, lo que les permite una movilidad posterior en todo el Estado. La formación también comprende pasantías en organismos públicos y su estabilidad posterior se supedita a una evaluación anual de desempeño. Pero, desde 1985, solo se desarrollaron cuatro programas de formación.
