La crisis en el Central lleva más de una semana y a cada hora se añade un nuevo capítulo. Oficialistas y opositores se lanzan acusaciones, y generalmente pocos argumentos, para defender el rol del Congreso en el medio de un conflicto institucional propiciado por dos Decretos de Necesidad y Urgencia.
Los senadores opositores, convocados por el vicepresidente de la Nación Julio Cobos, se reunieron el lunes y reclamaron “consensos” para lograr que se llame a una sesión extraordinaria que analice los DNU. El bloque del FpV no sólo no fue, sino que había calificado de “tropelía” la posibilidad de la autoconvocatoria.
Pero los kirchneristas rechazan la propuesta sin tener en cuenta que la mismísima presidenta Cristina Fernández defendía en 2001 el derecho del Congreso a autocovocarse. Era en tiempos en que ocupaba una banca en el Senado, durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
No resiste un archivo. En una sesión extraordinaria del Senado en diciembre de 2001, plena crisis del gobierno de De la Rúa, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner defendió “las facultades de este Parlamento para autoprorrogar las sesiones ordinarias”.
“Si uno de los poderes estuviera sometido únicamente a los designios del otro poder -en en esta caso del Poder Ejecutivo- estaríamos afectando severamente el principio de división”, manifestaba Fernández de Kirchner, palabras que suenan a paradoja en estos días, en los que el Gobierno K hizo todo lo posible para soslayar la tarea parlamentaria. Y agregaba Cristina: “Los poderes del Estado deben garantizar a los ciudadanos -y no a un determinado gobierno- el ejercicio y goce de sus derechos. A mí no me votaron para otorgale garantías a de la Rúa”. "La bancada del Partido Justicialista sostuvo --y sostiene-- las facultades de este Parlamento para autoprorrogar las sesiones ordinarias", agregó la Mandataria.
Haciendo referencia a las medidas económicas adoptadas por De la Rúa en aquel entonces, la senadora justicialista criticaba: “La política es, en definitiva, el único lugar desde donde vamos a poder ejercer limitaciones a un poder económico concentrado, al que le conviene que el Parlamento esté cerrado para poder continuar impulsando medidas como las adoptadas”, cuando se discutía el presupuesto para el 2002.
