La flexibilización de las medidas restrictivas ante la sostenida baja de contagios de covid motivó el anuncio del regreso a la presencialidad en las sesiones de la Cámara de Diputados, auspiciado por su titular Sergio Massa.
En línea con la política aperturista que mostró el gobierno nacional después de las elecciones PASO, el líder del Frente Renovador anunció durante la semana la decisión de retornar a la presencialidad completa en el recinto y la posibilidad de continuar con el sistema mixto a nivel de comisiones, de acuerdo a la decisión de sus autoridades.
La Cámara baja no sesiona desde el 1° de julio y tiene una larga lista de temas por aprobar, muchos de ellos con dictamen de comisión, pero el protocolo de funcionamiento remoto se encuentra vencido hace ya un mes y no volvió a haber conversaciones entre el oficialismo y la oposición.
Es por eso que Juntos por el Cambio pidió la derogación de la resolución firmada por Massa el jueves, ya que precisamente se salteó el paso del consenso con la oposición que se viene manteniendo desde mayo de 2020.
“Massa no puede arrogarse facultades que son del pleno”, argumentan en lo formal desde JxC aunque en realidad lo que más molestó fue la incorporación de la posibilidad de que las comisiones puedan dictaminar de manera virtual, un escenario que significaría dar un paso atrás ya que el último protocolo no lo permitía.
La única excepción era con el acuerdo de los respectivos presidentes y vicepresidentes que suelen ser de color contrario.
Más allá de la letra chica de la resolución, la disputa se profundiza frente a un Massa que no quiere perder espacio político en la estructura parlamentaria, luego del sacudón electoral que llevó incluso a que algunos opositores soñaran con reclamarle la Presidencia de la Cámara si el Frente de Todos deja de ser la primera minoría a partir del 10 de diciembre.
La oposición marcó además que la resolución de Massa habla de que los legisladores “podrán estar presentes en todas las sesiones que sean convocadas”, cuando en realidad la presencialidad es la norma vigente y, según insisten, tendría que tener el acuerdo de las tres cuartas partes de los diputados. Los únicos que están exceptuados de asistir son quienes tengan inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y trasplantados, embarazadas y quienes tengan diagnóstico positivo de covid o sean contacto estrecho.
En concreto, “con lo único que están de acuerdo es con el recinto protegido”, que implica el mantenimiento de las medidas de cuidado al momento de la sesión, con la habilitación de lugares alternativos para garantizar la distancia durante el debate y la obligación de presentar PCR negativo a todos aquellos que formen parte de la reunión. Si bien la oposición tenía intenciones de sesionar el próximo miércoles, con la Ley Ovina al tope del temario, en el oficialismo ya señalan que no habrá novedades al menos hasta la primera semana de octubre.