En varias de las reuniones reservadas que mantuvo esta semana el presidente, Mauricio Macri, por el caso Maldonado con sus asesores, una conclusión quedó repiqueteando en la Casa Rosada: la crítica del jefe de Estado a la presunta lentitud del juez federal de Esquel, Guido Otranto. Es más: en esos encuentros inquirió sobre el accionar del magistrado a sus funcionarios. En particular le consultó al ministro de Justicia, Germán Garavano, si había alguna forma de acercarle a Otranto medidas procesales y allanamientos, a pesar de que el Gobierno no es querellante en la causa.
Acaso por ello, tres funcionarios estuvieron reunidos con el magistrado: Claudio Avruj, de Derechos Humanos, el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi y Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior. Los tres se pusieron a disposición pero, además, o bien le dejaron informes para avanzar en la investigación (como en el caso de Milman) o le deslizaron líneas de trabajo.
En ese sentido, el oficialismo ya comenzó a dejar trascender sus críticas al juez. En particular, según pudo saber PERFIL, varios de los puntos por los que está cuestionado son:
◆ No haber ordenado el allanamiento de las dos sedes de Gendarmería (en Esquel y El Bolsón) al mismo tiempo, sino que primero se trabajó en un destacamento y luego en otro. “Cuando hacemos un procedimiento en una villa se atacan todos los búnkeres a la vez, no esperamos a uno para ir por otro porque es sencillo que sean avisados”, explicó a este diario una fuente del Ministerio de Seguridad.
◆ Otro punto tiene que ver con la supuesta tardanza en el llamado a los gendarmes para declarar. En este sentido, en el Gobierno remarcan que, en rigor, fue el sumario interno de la fuerza lo que movilizó las declaraciones ante la Justicia y no el trabajo del juez.
◆ Haber aceptado el testimonio de Matías Santana, que declaró haber visto cómo subían a Maldonado a una camioneta de Gendarmería montado en su caballo y con unos binoculares que luego perdió. En el Gobierno aseguran que no hubo buenas repreguntas ni de Otranto ni de la fiscal, Silvina Avila y que, al menos, hubo afirmaciones que no cierran. En este marco, Macri reiteró sus quejas: “No puede ser que no tenga costo mentirle a los jueces”, esbozó.
◆ No haber avanzado sobre la “tierra sagrada” de los mapuches, al otro lado del río Chubut.
Por este tema, ayer, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, acusó a Otranto de “entorpecer la investigación”
