El milagroso rescate de los 33 mineros en Chile fue un ejemplo de la perseverancia, pero al mismo tiempo mostró las consecuencias de la negligencia y falta de seguridad en las minas chilenas. Mientras más de 1.000 millones de personas seguían en vivo el rescate, convirtiéndolo en una de las transmisiones en vivo más vistas en el historia de la humanidad, en Santa Cruz, los televisores de los legisladores K estaban apagados o eso parece, ya que todavía hay un único policía minero para controlar que todas las minas provinciales cumplan con los requisitos de seguridad y no existe demasiado ánimo para revertir esa realidad.
Una sola persona -Leopoldo Klein Repetto- es la que se encarga de recorrer los 243.943 km2 santacruceños para supervisar los yacimientos mineros. En total, según detalla la secretaria de Minería santacruceña en su sitio web, hay 15 minas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. Así lo denunció la Coalición Cívica de Santa Cruz luego de la multimillonaria venta del yacimiento Cerro Negro valuada en 3.400 millones de dólares, por la que el terruño de los Kirchner no recibió siquiera un peso para sus arcas. “Esto significa un nulo control por parte del Estado”, afirmaron en un comunicado el 6 de septiembre.
Algunos días antes, el 25 de agosto, la diputada provincial de la UCR, Nadia Ricci, integrante de la comisión de Minería de la legislatura presentó un proyecto para que se amplíe el número de policías mineros en la provincia. El proyecto 707/2010 afirma que hay cinco millones y medio de hectáreas afectadas a la actividad minera, y 4.500 expedientes en la Secretaría, entre impactos ambientales, concesiones y producciones mineras. “El trabajo a realizar no es óptimo cuando se carece de personal idóneo”, afirma.
Ricci es autora de varios proyectos vinculados a la minería, (eliminación de exenciones impositivas, modificación de regalías mineras, etc.), pero ninguno ha tenido tratamiento. “Parece que ni siquiera los leyeron”, se lamentó Ricci en diálogo con Perfil.com. La falta de interés de la Cámara por estos proyectos no es casual: la legislatura santacruceña está conformada por 18 diputados kirchneristas y apenas cuatro opositores (3 de la UCR y 1 de Encuentro Ciudadano).
Un dato marca a las claras el poco interés que existe en formar policías que controlen la actividad minera: el actual secretario de Minería provincial, Oscar Vera, era el único policía minero santacruceño y debió ser reemplazado cuando asumió en su cargo. “No hay gente para cubrir esos puestos, formar un policía minero tarda dos o tres años yningún geólogo que gana 4 o 5 veces más en una mina se va a poner a trabajar para el Estado”, explicó Eduardo D´Elía, de la Asamblea Ambiental de Santa Cruz.
Mariana Zuvik, titular de la CC-ARI Santa Cruz, se mostró indignada por la respuesta de Peralta a la falta de controles mineros. “El gobernador en vez de entender la problemática dijo que el único policia minero iba a esforzar más para hacer su trabajo, esa fue su respuesta”, detalló a este medio. Así las cosas, los ambientalistas señalan que ellos mismos, en visitas espontáneas, han encontrado flagrantes violaciones en las minas provinciales, que no son descubierta por el Estado debido a la falta de personal.
Para trazar una comparación, San Juan, provincia minera por excelencia, cuenta con una subsecretaría de la policía minera y una flota de 20 oficiales -12 afectados a la inspección directa y 8 al análisis de muestreos- para controlar el centenar de yacimientos que hay desperdigados por sus 98 mil km2. El Ing. Marcelo Ghiglione, titular del área, afirmó a Perfil.com que en esa provincia se “inspecciona cada 15 dias o tres meses las minas, a pesar de que el código nacional dice que con un control anual basta”. Y agregó: “No hay empresas malas o buenas con el medio ambiente, hay empresas mal controladas y bien controladas”.
Por esa razón, tener más de un único policía minero no es sólo un detalle anecdótico, sino una cuestión de Estado.
(*) de la redacción de Perfil.com
