El 12 de diciembre, Sergio Schoklender denunció que el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, presionaba al juez Norberto Oyarbide por las causas de corrupción que involucraban a funcionarios del Gobierno nacional. A las pocas semanas, el magistrado más controvertido del país cerró la causa en la que estaba imputado por enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de funciones el subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Emilio Liuzzi -mano derecha de Zannini- a raíz de una investigación de Perfil.com.
Oyarbide archivó el expediente y se amparó en el artículo 204 del Código Procesal Penal para negarle al abogado denunciante Ricardo Monner Sans el acceso a los fundamentos de su decisión. El letrado denunció al hombre de máxima confianza de Zannini luego que este portal revelara su exponencial crecimiento patrimonial en la era K y los negocios que montó en Casa Rosada con el manejo de la "caja" del Boletín Oficial.
Perfil.com se comunicó en varias ocasiones con el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5, a cargo de Oyarbide, y un secretario suyo -entre evasivas- se limitó a informar que "el expediente estaba archivado".
En septiembre, el fiscal Patricio Evers pidió las declaraciones juradas de los últimos seis años del funcionario K a la Oficina Anticorrupción (OA). Evers revisó los bienes declarados y consideró que había sustento para conocer más sobre el patrimonio personal y de las empresas de la mano derecha de Zannini. Por eso, en octubre la Fiscalía requirió informes a la AFIP -cuyo principal fiscalizador externo es el propio Liuzzi-, a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Colegio Público de Abogados porteño, donde el funcionario está matriculado.
A su vez, Evers pidió a la OA las declaraciones juradas de su pareja y principal colaboradora, Thaiss del Corazón de Jesús, su exmujer Gloria María Eugenia Martínez -familiar de la esposa de Julio de Vido- y su hijo, Carlos Marco Liuzzi, quien también trabaja en Legal y Técnica. En paralelo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) fue avisada de la pesquisa y recibió un oficio. El expediente 4862/12 estaba activo.
Sin embargo, a fin de año Oyarbide recibió el expediente con los informes patrimoniales y societarios, y no le devolvió la instrucción de la causa al fiscal. El caso quedó bajo llave en su juzgado. Evers tenía la chance de apelar la sentencia de Oyarbide y solicitar que se desarchive el caso, pero no actuó.
Enriquecimiento. El ignoto funcionario multiplicó 38 veces su patrimonio desde el día que asumió Néstor Kirchner ($189.339, en 2003) hasta 2012 ($ 7.226.160), según las declaraciones juradas que presentó a la OA. Hoy es uno de los funcionarios más ricos del país.
Liuzzi, titular desde 2003 de la Comisión Fiscalizadora de la AFIP, compró dos propiedades de lujo en Puerto Madero –donde hoy vive en un piso 35 con Hidalgo- y adquirió 174 hectáreas en Gualtallary, Tupungato, la zona vitivinícola más fértil y cara de Mendoza.
De acuerdo con especialistas inmobiliarios de esa provincia, cada una de esas parcelas se cotiza a unos 50 mil dólares (plantadas y en producción), con lo que la riqueza de Liuzzi superaría los 10 millones de dólares.
Liuzzi aseguró haber comprado cada hectárea a un promedio de 7 mil pesos en 2008 y 2010. A finales de 2011, cuando comenzó a vender los campos, obtuvo 80 mil por cada hectárea. Sobre ello, Perfil.com le envió una serie de preguntas a Liuzzi para que aclarara cómo obtuvo los fondos para comprar esos campos. Tres horas después, el subsecretario envió una nota urgente a la OA aclarando que “sus ingresos superan holgadamente” sus inversiones.
La OA ya le había llamado la atención varias veces por pequeñas inconsistencias en sus declaraciones de bienes: algunas propiedades desaparecían de un año a otro sin motivo. Sobre su actividad privada, Liuzzi sólo mencionaba poseer una empresa (Desarrollo y Construcción SA), pero nunca sus dividendos.
Los negocios. Zannini, abocado a asesorar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le delegó casi todo el poder de la Secretaría Legal y Técnica a su mano derecha: le entregó la recaudación del SAF (“caja de ahorro”) y el control de los fondos del Boletín Oficial, pese a que por la Ley 23.412 corresponden al Ente Cooperador La Ley SA.
Liuzzi, nombrado por Néstor y ascendido por Cristina, montó así otros dos negocios desde su oficina. Y con “custodios”: cerca de él puso a trabajar a su hermana, su hijo mayor, su sobrina y su ahijado. Este joven ocupa el cargo de un empleado al que echó por sospechar que filtró los datos de su fortuna a este medio.
El funcionario contrató para todas las gestiones informáticas de Legal y Técnica a la consultora Adconsa IT. Su directorio está compuesto por Gustavo Benvenuto –socio de Liuzzi en la constructora– y su domicilio legal (Sarmiento 776, 7º A ) es el mismo que el de la empresa que manejan juntos.
Además, el hombre de Zannini derivó al estudio jurídico Lovelle & Asociados –allegado a él– los juicios contra organismos públicos que el Estado realiza por demoras en los pagos por avisos en el Boletín Oficial. En su web, Lovelle menciona como clientes a ese organismo y a la Dirección General de Administración (DGA), ambos bajo el control de Liuzzi. Para Oyarbide, estas coincidencias no constituían ningún delito.
(*) De la redacción de Perfil.com.
