Entidades empresariales y sindicales uruguayas indicaron esta semana que las exportaciones hacia Argentina están siendo afectadas por el conflicto en torno al aumento de producción de la pastera UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, autorizada por el gobierno de José Mujica. También hay preocupación por la situación frente a los acreedores internacionales y el estado de la economía argentina. El martes 16, según reveló PERFIL, el canciller Héctor Timerman había pedido a las direcciones del ministerio que preparen en secreto alternativas de represalia que serían puestas en consideración de la Presidenta, como estrategia paralela al planteo judicial en la Corte Internacional de La Haya. Entre las alternativas que ya fueron elevadas, según confirmaron fuentes de la Cancillería en estricto “off the record”, el comercio sería la alternativa elegida. La primera en dar el alerta fue la Cámara de Comercio Uruguayo- Alemana. A ésta se sumaron distintas entidades empresarias y ya hay denuncias sobre demoras en la concreción de permisos de exportaciones. La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Aishemberg, dijo en declaraciones citadas por el diario La Nación que “las declaraciones juradas (de exportaciones hacia la Argentina) no están siendo autorizadas”. Y adjudicó las trabas tanto al conflicto por UPM como a los problemas de la economía argentina y el litigio con los fondos buitre. Por su parte, el principal sindicato uruguayo, la central obrera PIT-CNT, estimó en un informe que hay más de dos mil puestos directos en juego y un número igual de empleos indirectos en peligro. El gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Miguel Ponce, indicó ayer a PERFIL que aún no se había recibido “ninguna denuncia de exportadores uruguayos sobre nuevas trabas al comercio para agentes uruguayos”. A su vez, indicó que “las demoras con los permisos de importación son un tema generalizado y todos los países creen que la cosa es con ellos”. Otra de las preocupaciones que expresaron en Uruguay se refiere al principal proyecto binacional de infraestructura, el dragado en profundidad del río Uruguay. El inicio de las obras, que serán solventadas en partes iguales por los dos países, está previsto para agosto. Pero este lunes se deberán realizar las primeras erogaciones (3,5 millones de dólares por país) en un proyecto que haciende a más de 20 millones de dólares. El representante argentino ante la Comisión Administradora del río Uruguay, (CARU) el entrerriano Hernán Ordina, evitó confirmar si Argentina enviará los fondos. A su vez, fuentes del gobierno de Entre Ríos indicaron a PERFIL que no habrá retrasos en esta obra clave, tanto para Uruguay como para la provincia mesopotámica. En tanto, el anunciado reclamo ante la Corte Internacional de La Haya continúa en preparación. Sin nuevos anuncios por parte de Cancillería, la última novedad fue la visita, el martes, del gobernador de Entre Ríos –y precandidato oficialista a la presidencia–, Sergio Urribarri quien recibió el compromiso del Canciller para realizar la presentación judicial a la brevedad. Uno de los asistentes a la reunión indicó que ya se está redactando el documento con la denuncia argentina y que no serán necesarios estudios ambientales adicionales
