Enfrentamiento en la Justicia por las causas contra Magnetto

La pelea con el Grupo Clarín no termina con la Ley de Medios. En los tribunales federales otras dos causas seguirán marcando el pulso de la guerra entre el multimedios y el Gobierno, en las que las consecuencias para el Grupo ya no serían sólo políticas y económicas, sino también penales.
Se trata de las causas Papel Prensa y Arbizu, la primera por la supuesta extorsión a la familia Graiver para comprar la fábrica de papel durante la dictadura; la segunda, por supuesto lavado de dinero a través del banco JP Morgan de los Estados Unidos.
En Papel Prensa, la Secretaría de Derechos Humanos pidió antes de las elecciones y por tercera vez la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por supuestos delitos de lesa humanidad. Sin embargo, tanto el juez de la causa, Julián Ercolini, como el fiscal, Eduardo Taiano, creen que no están dadas las condiciones para citar al hombre fuerte del Grupo, confirmaron a PERFIL fuentes de la causa. Además, el juez ya pidió que le envíen los documentos de la dictadura hallados en el subsuelo del edificio Cóndor referidos a Papel Prensa. Aún nadie sabe de qué tratan.
Ercolini cree que la causa avanzará cuando tenga los resultados de la tasación de Papel Prensa, que encargó a técnicos del Tribunal de Tasación de la Nación y a peritos de la Corte Suprema. Quiere saber cuánto valía realmente la estratégica empresa –la única que produce papel de diario en el país– cuando fue vendida a Clarín y La Nación. Así, podría establecer si la empresa fue entregada a precio vil o no. El Gobierno insiste en que la tasación no marca la diferencia, como dejó entrever en el último pedido de indagatoria a Magnetto. Tampoco quiere esperar los tiempos de una pericia contable. Miembros de Justicia Legítima concuerdan.  En la causa Arbizu, el arrepentido ex ejecutivo del JP Morgan que habría administrado dinero negro de Clarín, pidió ser indagado cuatro veces en los últimos cuatro años. Todavía no fue citado.
La investigación por Papel Prensa exacerba la división dentro del Poder Judicial, donde sectores como Justicia Legítima creen que están dadas las condiciones para indagar a Magnetto mientras que otros lo rechazan. La apuesta de la Secretaría de Derechos Humanos siempre fue lograr que el fiscal Auat –titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y miembro de la agrupación filo-K– instruya la causa y le dé un impulso a la avanzada contra Magnetto en base al testimonio de Papaleo, quien denunció haber sido presionada para vender la empresa tras la muerte de su esposo, señalado como banquero de Montoneros, y meses antes de ser secuestrada por la dictadura. Auat, quien impulsó muchos casos contra represores, se reunió con el juez Ercolini, quien rechazó el pedido del Gobierno y pidió que se asigne el expediente a otro fiscal.
Un episodio agudizó las diferencias en junio. Auat llegó al juzgado federal para la declaración testimonial de Papaleo. “Es una sala pequeña y la función del fiscal la va cumplir el doctor Taiano, que es el fiscal de la causa”, le informó el juez federal. Auat, que pedía intervenir en la testimonial, insistió, en vano. Auat sigue investigando desde su unidad fiscal el caso, en paralelo a Ercolini.